La vida de Teresa Alvarenga cambió el 24 de diciembre de 2016 cuando su hija, Carla Álvarez, falleció luego de largos días de una agonía insospechada.

La mujer, que en ese entonces tenía 35 años, se sometió a una cirugía por “tumoración con forma de giba del dorso nasal”. La situación no revestía mayor gravedad porque no había obstrucción nasal, pero Álvarez solicitó al Casmu la coordinación de la cirugía, que quedó pactada para el 14 de diciembre.

Álvarez tenía dos hijos: una niña, que ahora tiene 9 años, y otro de 15. A su vez, su familia estaba integrada por su madre, Teresa, el padrastro y su pareja. De acuerdo con el relato de la madre, antes de que su hija se sometiera a la operación, le manifestó al cirujano un dolor en la garganta, algo que fue desestimado por el profesional.

Sin embargo, a menos de 24 horas de haberse hecho la operación, Álvarez comenzó con una serie de síntomas que posteriormente la llevarían a la muerte. “Náuseas, vómitos y diarrea líquida. Su rostro comenzó a hincharse y aparecieron sufusiones hemorrágicas en cara y párpados”, sostiene la demanda que la familia inició contra la mutualista, el cirujano y el servicio de Emergencia 1727.

A las 02:25 del 15 diciembre fue el primer llamado. “Nos decían que le diéramos paracetamol, que tomara Gatorade, que era una enterocolitis. Antes yo sospechaba que algo pasaba porque, después de que salió de la sala, no me llamó ni nada”, cuenta Teresa a Montevideo Portal.

A las 09:37 del mismo día fue el segundo llamado. Álvarez no mejoraba, pero los médicos que la atendieron decidieron que lo más conveniente era dejarla en su casa. Otra vez le mandaron Gatorade, mucha agua y paracetamol por si “tenía dolor” en el vientre.

“Los médicos estaban como apurados. Había uno que quería irse ya porque tenía que entregar la guardia. Fue horrible, te juro que la trataron como un animal, como si no fuera humana”, agrega la madre.

A las 16:20 fue el tercer y último llamado. “La paciente estaba en shock, hipotérmica, desaturada e hipoglucémica, lo que obligó a convocar a una unidad de emergencia de apoyo para iniciar reanimación a domicilio”, indica el documento de la Justicia.

Tras el trabajo de los médicos durante varias horas, Álvarez fue enviada a una sala de emergencias común. La médica que la atendió ordenó que fuera a cuidados intensivos, pero en ese Casmu —el de Arenal Grande— no había, por lo que la paciente tuvo que esperar dos horas.

A las 21:30 del 15 de diciembre, Álvarez fue ingresada a CTI en “extrema gravedad, con coma inducido, ventilación mecánica”. El final era visto, pero el cirujano le aseguró a Teresa que “no, que se iba a recuperar”. Nadie le creía, pero la esperanza —y más en estos casos— es lo último que se pierde.

El 24 de diciembre falleció. Su madre pasó dos días medicada porque no podía resistir la realidad. La pareja de su hija fue a los pocos días a la casa de su exsuegra y dejó claro: “Vamos a ir, vamos a levantar la historia clínica y los vamos a demandar a todos”. La familia fue representada por el penalista Marcos Pacheco y su socia, Mariana de León.

El proceso judicial demoró siete años para que un tribunal de primera instancia fallara a favor de la familia y en contra del Casmu y de Emergencia 1727 por negligencia. Los peritos y forenses pudieron establecer que el dolor de garganta que había manifestado Álvarez y el hallazgo de una bacteria en su cuerpo tenían un “vínculo causal inexorable”.

Ante la Justicia, el médico desmintió los hechos y aseguró que el proceso fue con total normalidad. Sobre la bacteria, el hombre aseguró que se enteró luego de que se realizó la cirugía.

Gravedad

Tres peritos fueron parte de la investigación con el fin de dilucidar cuándo Álvarez debió ser internada. Una de ellas estableció que ya en el segundo llamado, “la paciente presentaba un elemento de severidad, estaba francamente hipotensa y las medidas indicadas previamente no habían sido efectivas”.

Sin embargo, la especialista remarcó que no hay registro del dolor de garganta, que era un síntoma de la bacteria, por lo que el cirujano “no tuvo chance de contraindicar el procedimiento”. 

Otro de los peritos puntualizó que, más allá de que no estaba en la historia clínica, tampoco el exudado orofaríngeo es un examen de rutina previo a una cirugía. El experto destacó que el médico actuó bien “en todo momento” y que no se encontraron falencias en el actuar llevado adelante.

El tercero de los profesionales que analizaron el caso indica que la actuación del Casmu “no fue oportuna” y que el servicio de emergencia actuó bien “recién en el tercer llamado”.

Puntualiza en un factor clave, que es la hipotensión arterial que tenía Álvarez en la segunda consulta que hizo al servicio de emergencia. Si bien todos coinciden en que los síntomas de vómito y diarrea pueden indicar enterocolitis, también existían mareos, lo que daba cuenta de una repercusión neurológica.

“Las cifras de presión arterial tan bajas eran inadecuadas para un cuadro de diarrea y vómitos en una mujer de 35 años sana. Debería haberse pensado si no había otra cosa que en ese momento no era evidente, habiendo sido intervenida unas horas antes”, agrega.

Álvarez sufrió shock séptico en su casa, lo que tiene una mortalidad de 50% en todos los casos. “Hay una premisa como pocas: el tiempo es oro, [y] la intervención de antibióticos precoz puede mejorar el pronóstico vital en personas que de por sí lo tienen muy comprometido”, sostiene el perito.

La pareja de Teresa fue quien se enteró de la peor noticia: “Tiene muerte cerebral. No tenemos más nada para hacer, perdoná”, recuerda que fueron las palabras exactas. Álvarez tenía ocho coágulos de sangre en su cerebro.

Con los elementos reunidos, la Justicia falló que el cirujano no tuvo injerencia en mala praxis porque no hay registros del dolor de garganta, que es un síntoma de un cuadro infeccioso.

Pero sí se corroboró la negligencia del Casmu y de la Emergencia 1727, que deberán pagar a la familia algo más de US$ 150.000. La mutualista, dijeron a Montevideo Portal, apelará el fallo.

Desde la institución no quisieron hacer más comentarios al respecto.

Teresa, la madre de Carla Álvarez. Foto: Javier Noceti / Montevideo Portal

La familia 

Teresa y su pareja quedaron a cargo del adolescente de 15 años, mientras que la otra hija de Álvarez está viviendo con su padre. Los abuelos tienen más de 60 años y decidieron hacerse responsables del adolescente porque su progenitor—que había sido casado con la fallecida, pero luego se divorciaron— no se ocupa de él.

La familia aún busca terminar el duelo de Carla, dado que estos siete años de audiencias fueron un constante recuerdo de cómo y en qué condiciones murió.

“Atrás de ella, morimos nosotros también. Yo intento seguir adelante, parecer fuerte por mi nieto y darle todo lo que puedo, pero la realidad es que nosotros somos viejos y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar”, cuenta Teresa, y asegura que el dinero obtenido lo guardarán para el adolescente.

Pacheco, uno de los abogados de la familia, destacó a Montevideo Portal que este tipo de demandas son “históricas” porque “no cualquiera puede ir contra una mutualista”. “La realidad es que se necesita mucho empeño, mucha fuerza y tiempo para poder demostrar algo que pasa bastante más seguido de lo que creemos”, agregó el defensor.

El penalista explicó que el peritaje en estos casos es complicado, porque implica que un médico señale el error de otro. “Siento que hay médicos que no quieren asumir responsabilidades frente a otros”, dijo, y agregó: “Y el que lo hace tiene miedo de perder apoyo, o incluso quedarse sin trabajo”.

Por su parte, Teresa destacó el apoyo que ha recibido por parte de Liropeya Camblor, quien fundó la organización Cuida la Vida, luego de que su hijo Rodrigo Aguirre muriera en 2007 por mala praxis.

“Yo decidí salir a los medios y exponerme, no tanto por mí o por mi hija, porque lo hecho, hecho está. Pero sí por otras personas para que no les pase lo mismo, y si les pasa, que se animen a denunciar”, concluyó Teresa.