La SIP cree que hay políticas "abusivas" contra los medios en Argentina

"En este período la tarea de los periodistas fue afectada por disposiciones locales abusivas y la implementación excesiva de protocolos sanitarios en varios lugares del país", indicaron desde la SIP.

Asimismo, consideraron que "el debate público se deterioró en los últimos meses, derivando en agresiones a la prensa".

Polémica por la plataforma

La SIP destacó entre sus alertas sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina la nueva plataforma que pretende impulsar la Defensoría de lo Público, avalada por el Gobierno de Alberto Fernández, que según la SIP puede suponer "avanzar sobre los contenidos periodísticos" por parte del Estado.

La entidad interamericana lamentó que el anunció de la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, más conocido en Argentina como Nodio, se llevó a cabo "en forma sorpresiva y sin debate público".

El Nodio, según la Defensoría de lo Público, tiene el objetivo de luchar contra "las noticias falsas, maliciosas y falacias", pero tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) como diferentes medios de comunicación han repudiado su instauración al considerar que puede atentar contra la libertad de prensa.

La propia SIP ya emitió un comunicado la semana pasada en el que rechazó el Nodio, algo que ahora recalca en su informe preliminar sobre la libertad de prensa en Argentina, y se hizo eco de las críticas que desde el país austral apuntan a que este organismo público puede ser un "método sutil para disciplinar o como represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover".

Asimismo, según la SIP, el Nodio quedaría alejado de "iniciativas de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital".

Ataques a periodistas

En el informe preliminar, la SIP registró los ataques de "sectores políticos y sindicales" que denunció el periodista argentino Luis Majul, quien considera que contra él hay "una campaña de desprestigio" en una causa judicial de supuesto espionaje.

Asimismo, la SIP alertó de que el senador oficialista Oscar Parrilli, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia durante el mandato de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández (2007-2015), incluyó en el debate sobre una polémica reforma judicial una cláusula que, de acuerdo con lo expuesto por la SIP, "obligaba a los jueces a denunciar presiones de los 'poderes mediáticos'".

Parrilli retiró después esa cláusula, relacionada con la teoría del 'lawfare' que sostienen varios mandatarios y exmandatarios latinoamericanos sobre las persecuciones políticas y mediáticas que sufren y bajo la cual los jueces actúan en connivencia con otros políticos y periodistas supuestamente contrarios a quien sufre este tipo de tácticas.

La SIP dejó constancia además de otro episodio protagonizado por la propia Fernández, un vídeo publicado en junio por la vicepresidenta en el que "se superponían imágenes de periodistas reconocidos con una voz en off que denunciaba una 'cobertura de los medios hegemónicos'" que tendría "complicidad" con el anterior Gobierno, encabezado por Mauricio Macri (2015-2019).

"El presidente, Alberto Fernández, no contribuyó a mejorar el clima del debate público. En septiembre, afirmó que la oposición y los medios 'maltratan la democracia' y sostuvo que su gestión sufre un 'ametrallamiento mediático'", consideraron en la SIP.

Por último, denunciaron casos de violencia contra periodistas como el que padeció un locutor de la provincia norteña del Chaco, atacado por dos agresores -uno de ellos un político de su localidad- y la agresión física que sufrieron cronistas del canal C5N mientras cubrían una manifestación en julio en Buenos Aires.

EFE