La obligatoriedad de etiquetar alimentos con exceso de grasa, grasas saturadas, azúcares o sodio nació con el decreto N° 272/018 firmado por Tabaré Vázquez en agosto de 2018. En ese momento se dio un plazo de 18 meses a la industria para adaptarse a las nuevas exigencias.

Sin embargo, el actual gobierno emitió un decreto en marzo que postergó durante 120 días la obligatoriedad del etiquetado de alimentos. Además, creó una comisión multidisciplinaria de trabajo que evaluaría esta medida en el marco de la normativa del Mercosur.

Esta acción del gobierno preocupó a diferentes sociedades científicas y al propio Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quienes manifestaron su opinión a través de un comunicado. El texto refería a la prórroga que el nuevo gobierno decidió para que rija la obligatoriedad de las empresas de advertir a la ciudadanía acerca de los perjuicios que generan algunos alimentos.

Este lunes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Unicef emitieron una carta en donde confirman la implementación del decreto que regula el rotulado nutricional.

En este sentido, representantes de las tres organizaciones se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo con el propósito de informar sobre los beneficios que implica aplicar los rotulados para la salud de los adultos y niños. "Durante las reuniones han explicado cómo esta medida es aceptada por los consumidores además de no afectar la industria o el empleo, según las evidencias disponibles", informan a través de comunicado. Además, indicaron lo "trascendental" que es esta política pública.

En tal sentido, aseguran que el rotulado "es una de las políticas públicas "más apropiadas" para la prevención del sobre peso con resultados positivos en la salud de toda la población. Como pruebas, indican los casos de Ecuador, Chile, Perú y México.

"Estudios desarrollados en Uruguay en la etapa de diseño, planificación y aplicación de la política, durante los primeros días de implementación entre el 1 y el 10 de marzo de 2020, también ponen en evidencia un alto conocimiento de la medida y su aceptación por parte del 94% de la población, así como un cambio en las opciones de compra ante la presencia de octógonos en el producto por parte del 58% de los consumidores", aseguran.

Representantes de la industria alimenticia, referentes de la sociedad civil y académicos fueron consultados y marcaron prioridades a tal punto que determinados valores de referencia para definir exceso de nutrientes críticos en la primera etapa de implementación fueron acordados.

Por otra parte, resaltan que se extendió el plazo de 12 a 18 meses la firma del decreto y su cumplimiento efectivo para que cada empresa pueda realizar ajustes para poder adecuarse a la reglamentación, de manera de contemplar aspectos tales como la dinámica de las empresas productoras de alimentos, generación de empleo y relaciones comerciales.

"Por estas razones, animados por el espíritu de cooperación, UNICEF, FAO y OPS, con el acompañamiento de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, reiteran su disposición a seguir colaborando con el gobierno poniendo a disposición insumos técnicos y evidencia para contribuir a un análisis equilibrado sobre los impactos positivos de esta medida sobre la salud y en la vida de toda la población", concluye el texto.