La Iglesia católica critica al gobierno de México por el asesinato de dos sacerdotes

Por The New York Times | Natalie Kitroeff and Oscar Lopez

El gobierno ha fracasado por años en la tarea de detener la creciente violencia y el consiguiente clamor público, pero la voz de la iglesia no puede ser desestimada fácilmente.

CIUDAD DE MÉXICO — El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia en México esta semana conmocionó a un país en el que la frustración se ha acumulado durante años por la incapacidad del gobierno para frenar una avalancha de asesinatos.

Pero esta vez, el gobierno se enfrenta a las críticas de una de las instituciones más poderosas del país, la Iglesia Católica Romana, lo que amplía la protesta pública.

La Conferencia del Episcopado Mexicano instó el jueves al gobierno a “revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”. Rectores de universidades jesuitas criticaron la incapacidad del gobierno para arrebatar el control a los delincuentes, y uno de ellos calificó a México de “un estado fallido” en el que prevalece “la ley de la selva”.

Incluso el papa Francisco, un jesuita argentino, dijo en su audiencia semanal desde el Vaticano que estaba “consternado” por el ataque. “¡Cuántos asesinatos en México!”, publicó en Twitter.

La tasa de homicidios en México está cerca de su nivel más alto en décadas. Casi 100 personas son asesinadas cada día. Se ha asesinado a turistas en resorts playeros, a dolientes en funerales y a mujeres en bares.

Sin embargo, el asesinato de dos sacerdotes conocidos por servir a los pobres de las zonas rurales en el estado norteño de Chihuahua sacudió a una sociedad profundamente católica en la que los líderes religiosos generalmente se han librado de la brutalidad.

El ataque, en el que también murió un guía turístico, podrá algún día ser recordado como un momento clave en la larga lucha de México contra la violencia, o como otro horror indescriptible.

Pero el clamor de la Iglesia Católica, una autoridad moral, le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos por ahora, un reto al que no está acostumbrado: una crítica que no puede descartar fácilmente.

“Cuando matan a turistas en Cancún o a mujeres en Monterrey, el Papa no interviene”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en Ciudad de México. “Ahora, la frustración la protagoniza una institución sofisticada y socialmente arraigada, con poderosas conexiones internacionales”.

López Obrador ha calificado el crimen de “inaceptable” y ha prometido una investigación exhaustiva del asunto, enviando soldados a Chihuahua para buscar al presunto responsable.

Sin embargo, el presidente, que tiende a arremeter contra sus adversarios, ha tenido cuidado de no denigrar a los líderes católicos. Tampoco ha afirmado, como lo ha hecho en el pasado, que la violencia en este caso haya sido impulsada por criminales que se matan entre sí.

“Este es un caso en el que es totalmente imposible culpar a las víctimas”, dijo Hope.

Cuando se le preguntó si su estrategia de seguridad debería cambiar, López Obrador insistió en una conferencia de prensa el jueves en que su gobierno estaba en el camino correcto, y culpó a sus predecesores por el derramamiento de sangre en México.

“Todo esto es el fruto prohibido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”, presidente de México de 2006 a 2012, dijo.

Horas más tarde, la conferencia de obispos católicos emitió un punzante comunicado en Twitter diciendo “no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora”.

La tasa de homicidios de México se triplicó en la decena de años antes de que López Obrador asumiera el cargo en 2018, y estaba decidido a romper con las interminables guerras contra los cárteles de la droga, centrándose, en cambio, en dar a los jóvenes alternativas económicas al crimen organizado. “Abrazos, no balazos”, prometía su eslogan.

Pero ese plan no ha dado resultado, y a poco más de la mitad de su mandato, López Obrador ya ha presidido más de 120.000 homicidios.

Los sacerdotes, Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80, fueron tiroteados el lunes mientras intentaban ayudar a un guía turístico local que se había refugiado en su iglesia en Cerocahui, una pequeña ciudad en las montañas de Chihuahua, según las autoridades locales. El guía, Pedro Palma, estaba siendo perseguido por un delincuente local que disparó a los tres hombres dentro de la iglesia y se llevó sus cuerpos; fueron encontrados dos días después.

Se trata del último de una serie de asesinatos en los que las víctimas eran figuras conocidas en sus comunidades, como activistas sociales y especialmente periodistas.

“Para la mayoría de las organizaciones criminales, en el pasado había una regla de oro general de que necesitas a la comunidad de tu lado”, dijo Falko Ernst, analista principal del International Crisis Group. “Quieres proporcionar al gobierno estatal y local la narrativa de que las cosas no están completamente en llamas en tu área”.

Pero los grupos criminales en México han utilizado cada vez más un modelo de negocio basado en el control de ciertos territorios y la extorsión de las personas que viven allí. “Cada vez hay más pruebas de que muchos actores criminales están probando las aguas para ver qué pueden hacer”, en términos de matar a los líderes sociales, dijo Ernst.

La impunidad es la norma en México, y con las pocas consecuencias que tiene quitar una vida, los criminales se han envalentonado cada vez más sobre quiénes son sus objetivos.

“Sienten que ejercen una soberanía de facto”, dijo Ernst.

La oficina del fiscal del estado de Chihuahua dijo que el presunto asesino de los sacerdotes es José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”, que está vinculado al crimen organizado y, según López Obrador, es buscado por el asesinato de un turista estadounidense en 2018.

Portillo también estuvo involucrado en el asesinato de un activista de derechos humanos en Chihuahua en 2019, según los medios locales.

“Es un hombre muy sanguinario”, dijo Isela González, una activista ambiental en Chihuahua.

Las autoridades locales afirman que Portillo había protagonizado un violento alboroto en las horas previas al asesinato dentro de la iglesia. Ese mismo día, según las autoridades, se había visto envuelto en una disputa por un partido de béisbol en el que había perdido un equipo que patrocinaba. Según el testimonio de los testigos, Portillo secuestró a dos hermanos que jugaban en el equipo contrario, tras disparar a uno de ellos, e incendió su casa. Ambos hombres siguen desaparecidos.

La fiscalía ofreció una recompensa de unos 250.000 dólares por cualquier información que condujera a la captura de Portillo.

Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas en Ciudad de México, dijo en una entrevista que el ataque era “un caso paradigmático” que ejemplifica las graves falacias de un sistema de seguridad fallido”.

Arriaga conocía a los dos sacerdotes: el reservado Mora, que practicaba yoga, y el ingenioso Campos, que siempre llevaba botas de vaquero.

“Han dedicado su vida al servicio de las comunidades más pobres”, dijo. “Fueron pues, hombres con una fe inquebrantable”. Murders, Attempted Murders and Homicides Priests Organized Crime Roman Catholic Church Lopez Obrador, Andres Manuel Mexico Chihuahua (Mexico)