La INDDHH también recomendó desaprobar la reinstalación de la ley de caducidad

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió una declaración este lunes en la que solicita a los parlamentarios no aprobar el proyecto de ley propuesto por integrantes de Cabildo Abierto para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Con el argumento de que "la normativa propuesta trasgrede principios básicos del sistema de justicia", la INDDHH se sumó -sin hacer referencia a ella- a la exhortación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó a Uruguay "a abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza".

La INDDHH, habilitada por ley para emitir opiniones y recomendaciones sobre los proyectos relacionados con los derechos humanos, señaló que con el nuevo proyecto se pretende "restaurar una norma que durante largos años gestó la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la dictadura".

"El terrorismo de Estado sufrido en Uruguay durante doce años se caracterizó por la persecución, encarcelamiento, tortura, ejecuciones y desaparición forzada de personas, todas atrocidades que no pueden calificarse de 'excesos'. Un 'exceso' denota aquello que sobrepasa lo normal, más allá de la medida, que supera los límites de lo ordinario. Los crímenes del terrorismo del Estado no pueden ser considerados como excesos, sino que fueron violaciones de los derechos humanos. Estas fueron cometidas por funcionarios estatales, de forma sistemática o masiva, y bajo la instigación o la tolerancia de las más altas autoridades de los gobiernos de la época. Tales violaciones a los derechos humanos fueron crímenes de lesa humanidad -y no excesos- y como tales se deben juzgar y sus autores ser hechos responsables", apunta la declaración de la INDDHH.

"El terrorismo de Estado dejó miles de víctimas que, luego de más de cuarenta años, todavía esperan justicia, incluyendo la reparación integral por los daños sufridos, la individualización de los responsables y la sanción correspondiente", añade.

La declaración de la INDDHH señala que Uruguay, al igual que otros países de la región "que coordinaron sus represiones a través del Plan Cóndor", buscó "eludir la responsabilidad derivada de estos crímenes aprobando una ley de impunidad que dejara a los perpetradores a salvo de la actuación de la justicia".

"Durante la vigencia de esa ley, el Estado incumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables, se expuso al reclamo de las víctimas en los ámbitos internacionales y fue señalado en esos foros por no respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que formaba parte desde antes de la dictadura. (...) La ley de caducidad fue finalmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y luego derogada por la ley 18.831 restableciendo de este modo el derecho a la justicia tan largamente negado", añade la declaración de la INDDHH.

Finalmente, la INDDHH "recomienda a las fuerzas políticas rechazar este tipo de iniciativas, que se traducen en un retroceso en la protección de los derechos humanos y pueden -una vez más- situar al país en claro incumplimiento de la normativa internacional, que libre y soberanamente ha aceptado".