La INDDHH presentó un nuevo informe sobre la LUC con nuevas críticas

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) difundió este martes su segundo informe sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), cuya votación inicia en pocos días en el Senado.

La INDDHH aclaró que hace este segundo informe "en cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República" y en respuesta "a la solicitud de la Comisión Especial del Senado para que la INDDHH emitiera su opinión sobre todo el contenido del proyecto".

Sin embargo, el organismo informó que este segundo informe está hecho en base al último proyecto cuyo texto es de carácter público, ya que el último acordado por la coalición multicolor (al que se le retiraron algunos artículos y se le modificaron otros) aún no fue difundido.

En el primer informe, la INDDHH había analizado los artículos referidos a la seguridad pública, el derecho a la libre circulación y los derechos laborales, mientras que en este segundo texto (que fue enviado al Senado este lunes) se analizaron las normas referidas a la prisión preventiva, el derecho de acceso a la información y la secretaría de inteligencia, la creación del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la reglamentación de áreas naturales protegidas, el derecho a la vivienda y la normativa de desalojos, y los derechos de la infancia y adopciones.

En cuanto a los requisitos para la prisión preventiva en el proceso penal, la INDDHH entiende que se propone una "nueva reglamentación" que introduce tres cambios. Estos son "permitir al tribunal el acceso a la carpeta fiscal; suprimir en la redacción vigente que el imputado posea la calidad de reiterante o reincidente como causal de presunción de los riesgos habilitantes de la adopción medida de prisión preventiva; y agregar el 'hurto con circunstancias agravantes' al elenco de tipificaciones delictuales que, si son imputadas por el Ministerio Público, constituyen presunción de riesgo habilitante de la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva".

Según la INDDHH, estas modificaciones no son "compatibles" con "los estándares internacionales suscriptos por el Estado uruguayo" y suponen un "apartamiento de los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Así, estas nuevas reglas vulneran "la obligación del Estado uruguayo de respetar el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia".

"La prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de delito constituye una violación al derecho a la libertad personal. Se transforma en una pena anticipada ya que funciona como imputación de determinadas conductas. Siendo estas valoraciones exclusivas de la autoridad judicial, la modificación constituye una interferencia ilegítima del legislador en el proceso acusatorio", dice el informe de la INDDHH.

En segundo lugar, el informe analiza la nueva reglamentación para la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. En resumen, la INDDHH recomienda no aprobar las modificaciones planteadas en la LUC con respecto a esta secretaría.

Entre las reformas que en este tema preocupan a la INDDHH se señala la creación de una nueva categoría de información secreta. También preocupa "la protección de datos personales".

En cuanto a la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la INDDHH señala este proyecto como positivo, ya que "podría significar una oportunidad para la jerarquización de la institucionalidad ambiental a nivel nacional". Sin embargo, se plantean algunas críticas referidas a la definición de las tareas de cada ministerio en temas ambientales. Según señala, la normativa tiene "una redacción que podría mejorarse si se avanzara en una definición más detallada".

Por otro lado, la INDDHH indica que "para abordar en forma integral los temas ambientales se deberían armonizar las competencias ambientales que hoy se encuentran dispersas en diferentes organismos (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Industria, Energía y Minería, entre otros) y las futuras competencias del nuevo ministerio".

En cuanto al capítulo de vivienda, la INDDHH llamó la atención sobre "la posible afectación al derecho a la vivienda a sectores vulnerables, que entra en contradicción con la Constitución de la República".

"Mientras este proyecto de ley busca favorecer la realización de arrendamientos dejando librado a particulares los acuerdos, suponiendo que por esa vía se solucionará el déficit habitacional, resulta contradictorio con el rol que debe asumir el Estado en la protección de derechos sociales. No se contempla la situación de estos grupos vulnerables. Al contrario, la flexibilización propuesta lleva dicho control al mínimo", dice el informe.

Por último, el texto de la INDDHH refiere al cambio en la normativa de adopciones. En síntesis, para la INDDHH "la modificación propuesta en relación a las adopciones constituye una regresión en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

"No se asegura la protección estatal en un momento de particular vulnerabilidad, dejando librado su destino a acuerdos entre privados que podrán ser de buena o mala fe, y reinstalando nuevamente la concepción del 'menor' como objeto", señala el informe.