La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió una declaración "actuando como Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura (MNP)" en la que exhorta a "adoptar medidas urgentes en relación a las personas en situación de encierro".
En la declaración se expresa que "las personas que viven en condiciones de encierro tienen mayor riesgo frente al coronavirus dadas las dificultades en su calidad de vida, acceso a la salud y situación de dependencia de sus cuidadores y autoridades responsables".
En este sentido, las personas en situación de encierro en nuestro país serían las privadas de libertad en cárceles, los ancianos en hogares colectivos, aquellos que estén en instituciones de asilo, entre otras.
"El Estado debe garantizar el derecho a la salud, siendo la prestación de los servicios de salud a personas privadas de libertad su obligación, por lo cual deben gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad y acceder gratuitamente a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica, discapacidad mental, etc.", expresa la declaración.
Así las cosas, el MNP expresó que debe asegurarse que "las estrategias y acciones que se llevan adelante para la prevención, detección y contención del Covid-19 tienen un enfoque de salud basado en los derechos humanos, rigiéndose, entre otros, por los principios de no discriminación, accesibilidad, calidad y rendición de cuentas".
También pide que no solo se consideren los aspectos estrictamente sanitarios para combatir la pandemia, "sino las derivaciones psicosociales en las personas institucionalizadas y sus familias" y en el personal que trabaja con ellas.
Además, "teniendo en cuenta que los mayores déficits de estructuras edilicias, alimenticias, de atención sanitaria y de gestión se visualizan en el sistema carcelario", en la declaración se pide tener presente "la excepcionalidad de la privación de la libertad conforme a la gravedad del delito cometido".
Por este motivo, la declaración señala que "sería conveniente" que la Justicia evitara mandar a prisión a "aquellas personas que puedan acceder a medidas no privativas de libertad", con énfasis en aquellas que formen parte de la población de riesgo, sea por edad o por enfermedades.