La IM resolvió diversas medidas de “alivio financiero” para locales gastronómicos

La Intendencia de Montevideo (IM) decidió exoneraciones de pagos y otras medidas de "alivio financiero" para los locales gastronómicos, un tipo de comercio que se vio afectado no solo por la pandemia, sino por las medidas sanitarias que, entre otras cosas, les impiden mantenerse abiertos pasada la medianoche.

A través de una publicación en su página web, la comuna informó que en la quinta reunión que se mantuvo con representantes del rubro gastronómico "se informó la aplicación de varias medidas de alivio financiero para mitigar las consecuencias de la pandemia".

"La mesa de diálogo y trabajo con representantes del rubro gastronómico y afines es un espacio instalado por la IM, que funciona desde diciembre de 2020 con el fin de acordar propuestas de apoyo a estos sectores, que han sufrido el impacto económico como consecuencia de la pandemia por el COVID-19", explicó la IM.

En esta reunión, que fue de carácter virtual, la IM informó algunas medidas que tienen el objetivo de brindar "alivio financiero" a estos locales comerciales.

La primera medida es la exoneración del 100 % del precio por la colocación de mesas y sillas en la vía pública, con o sin entarimado. En este sentido, los comerciantes no tendrán que pagar por utilizar aceras y calzadas, medida que regirá hasta el 30 de setiembre.

Luego, hasta el 31 de diciembre, volverán a regir las exoneraciones ya estipuladas en enero: cuando se trate de la ampliación de espacios ya existentes para la colocación de nuevas mesas y sillas, los gestionantes podrán solicitar que se les exonere del 100 % del pago del precio por derecho de ocupación que corresponda a la ampliación; o se les exonere del 50 % del precio por la totalidad del espacio utilizado (incluyendo la ampliación solicitada). Quien gestiona esta exoneración deberá analizar qué es lo más conveniente.

Por otro lado, la IM resolvió "diferir el pago de la contribución inmobiliaria, la tasa general y el adicional mercantil". El caso de la contribución y la tasa general, aplica a titulares de establecimientos que brindan alojamiento turísticos; titulares de establecimientos destinados a bares, restaurantes, cafés, parrilladas, pizzerías; y toda empresa alimentaria donde se expendan alimentos con servicio de mesa.

Además, "en el caso del adicional mercantil, el diferimiento de pago aplica en los siguientes casos; si es inquilina/o, se puede diferir la tasa general y el adicional mercantil; si es propietaria/o, se puede diferir la tasa general y se podrá elegir entre el diferimiento de la contribución inmobiliaria y el adicional mercantil".

A su vez, la IM también definió "diferir el pago de la tasa bromatológica hasta el año 2022". La comuna aclaró que "el Servicio de Regulación Alimentaria continuará realizando trámites de habilitación y de inspección, tanto a locales como a vehículos".

La IM también informó que decidió "diferir el pago de la tasa anual por concepto de servicio de instalaciones mecánicas y eléctricas (SIME) hasta el año 2022", lo que "consiste en la prórroga de los vencimientos otorgados por este servicio, tales como tarjetas de trámites y certificados de habilitación, hasta el 1° de enero del año 2022".

Laburo

Por otro lado, la IM informó en su publicación que se estudia la creación de nuevos incentivos fiscales para que se cree empleo, lo que estaría enmarcado en el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC).

Según se informó a los representantes de locales gastronómicos, "está pendiente de aprobación un decreto mediante el cual por el plazo de un año se otorgará un incentivo fiscal a las empresas que generen puestos de trabajo".

"Se trata de una medida que integra el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC), para aliviar la problemática crítica de empleo que actualmente se vive en Montevideo. El proyecto está en estudio por la Junta Departamental de Montevideo (JDM)", informó la IM.

Una vez aprobado el decreto, los trabajadores contratados por los locales "deberán percibir un salario no menor al salario mínimo nacional para los casos en que no exista convenio o laudo; de lo contrario, deberá ajustarse a lo establecido para su grupo de actividad".