Terminal Cuenca del Plata (TCP), de capitales correspondientes a la multinacional belga Katoen Natie (80%) y de la Administración Nacional de Puertos (20%), emitió un comunicado este miércoles en respuesta a declaraciones realizadas por los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara, que ampliaron la denuncia por el acuerdo entre el gobierno y la empresa.

En su línea argumentativa, TCP aseguró que Montecon "utilizó de manera ilegítima los espacios públicos, recibió subsidios tarifarios, y llevó a cabo prácticas discriminatorias contra sus competidores, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas".

Según la empresa, los “los senadores repiten casi textualmente los argumentos expuestos por la empresa Montecon S.A. en su acción de nulidad contra los Decretos 114/021 y 115/021 del 1º. de diciembre pasado”, al afirmar que TCP “acreditó” en su plan de negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y “se comprometía a respetarlo”.

En esta línea, la empresa expresó que desmiente los dichos de Carrera y Bergara, dado que el “estudio de Mercado y Proyección de Tráfico” elaborado en marzo de 2001 por la consultora CPA fue realizado antes de la promulgación del decreto de reglamentación de TCP” y  en él no hay “acreditación” o “compromiso” alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada “que aún no existía”.

A su vez, TCP sostiene que no precisaba “acreditar” o “comprometer” nada, ya que la empresa “no cuestionó nunca el principio de libre competencia portuaria, consagrado por la Ley de Puertos de 1992”.

 "Los senadores muy bien saben (por cuanto TCP lo ha documentado en innúmeras ocasiones y ante todos los poderes públicos) que lo que la empresa cuestionó y cuestiona hoy mismo es que ese principio de libre competencia, regulado en el área portuaria de Montevideo por la Ley, sus decretos reglamentarios y en especial el Reglamento de Operaciones Portuarias de 1994, haya sido insistentemente desconocido por Montecon S.A., beneficiada con la utilización ilegítima de espacios públicos, subsidios tarifarios, y prácticas discriminatorias contra sus competidores en las áreas públicas, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas", expresan desde TCP”, apunta el comunicado.

Y agrega: "Los senadores muy bien saben que la especialización de terminales como la de operación de contenedores es enteramente consistente con la libre competencia en las áreas públicas multipropósito, desde que está basada en una prioridad no exclusiva ni excluyente ".

Finalmente, desde TCP  declararon que "causa estupor que legisladores a los que la ciudadanía confía el análisis informado y sereno de las cuestiones públicas empleen los informes que se encuentran bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa en la cual el Uruguay es accionista, incurrir en el absurdo de pretender penalizar procesos administrativos, o escamotear el conocimiento de irregularidades que se han denunciado y de la cual tienen pleno conocimiento”.