Justicia dispuso concurso de Conexión Ganadera; el embargo llega a US$ 250 millones

La Justicia dispuso el concurso necesario de Conexión Ganadera y de su empresa vinculada Hernandarias XIII, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales.

La resolución fue tomada por el juez de Concurso Leonardo Méndez, que dispuso el desplazamiento de las autoridades de la compañía encabezada por Pablo Carrasco. El síndico designado será Alfredo Ciavattone, que hasta ahora era el interventor.

Además, se realizó la convocatoria a una junta de acreedores para los días 19 y 20 de agosto.

El embargo ahora asciende a los US$ 250 millones. “Disponer respecto de los señores Pablo Jesús Carrasco González, Ana Iewdiukow [esposa de Carrasco] y Daniela Cabral [viuda de Gustavo Basso, socio de Conexión Ganadera fallecido en un siniestro de tránsito], en carácter de medidas cautelares, el embargo general en créditos, derechos y acciones por la suma de U$S 250.000.000, así como la intervención de sus comunicaciones relacionadas con la actividad profesional del giro y la prohibición de estos de cambiar de domicilio y/o salir del país sin la previa autorización del Tribunal, oficiándose sin más trámite y sin costo, por no existir recursos suficientes”, dice la resolución judicial a la que accedió Montevideo Portal.

De acuerdo con los argumentos del juez, “surge acreditado sumariamente” que, en el caso de Carrasco, Iewdiukow y Cabral, “no solo se trata de personas estrechamente vinculadas a la administración de las personas jurídicas concursadas, sino que tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras y, luego del allanamiento, surge evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”.

El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez había solicitado la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización previa del tribunal y la retención de los documentos de viaje de los tres socios de la empresa denunciada. Este lunes, en una audiencia, la jueza Diovanet Olivera citó a una instancia presencial a modo de garantía para los imputados y para establecer el plazo de duración del cierre de fronteras, que se acordó será de 180 días.