Justicia confirmó sentencia que obliga al Estado a otorgar vivienda a familia desalojada

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que obliga al Estado a otorgar una solución habitacional a familias del asentamiento Nuevo Comienzo.

El Ministerio de Vivienda había apelado la decisión judicial, pero luego quedó firme definitivamente para una de las familias con orden de desalojo que ya accedió a una vivienda, informó Radio Uruguay (Informe Nacional -1050 AM) y confirmó Montevideo Portal.

Cabe recordar que el ministerio apeló los tres fallos en su contra y hay dos casos pendientes de resolución.

La sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, señala que la cartera "está obligada a brindar una solución habitacional a la actora, no habiendo sido derivada a MIDES e INAU".

En respuesta a la argumentación del ministerio el tribunal señala: "No debemos perder de vista que existe una obligación impostergable de garantizar con acciones positivas el derecho a la salud, dentro del cual se encuentra el derecho a la vida más allá de cuestiones formales que fueron priorizadas en este expediente por encima de la cuestión de fondo".

La sentencia dice que "el derecho a una vivienda adecuada abarca libertades". "Estas libertades incluyen en particular: La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar; el derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia; y el derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación".

Además, "el derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran: La seguridad de la tenencia; la restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio; el acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada; la participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad".

Días atrás, Irene Moreira (Cabildo Abierto), titular de esa cartera, dijo a Informativo Carve que esta decisión de apelar "no es contra el fin, contra el hecho de que personas vulnerables obtengan casa, sino contra el medio utilizado" que fue recurrir a la vía judicial.

La jerarca aseguró que, en los últimos tiempos, se ha mantenido en contacto con las tres partes principales involucradas en el tema, las familias ocupantes, los propietarios del terreno, que es privado, y la intendencia de Montevideo".

Moreira recordó que el déficit habitacional en el país res de entre 60.000 y 70.000 fincas, y que unas 200.000 personas viven en asentamientos.