El caso de fuga del narcotraficante uruguayo Juan Antonio González Bica sigue dando que hablar tanto en el ambiente político como en el judicial. El delincuente, quien pidió prisión domiciliaria alegando problemas renales y que se debía someter a diálisis, se fugó a los pocos días de haber llegado a su vivienda tras cortar la tobillera electrónica que se le había colocado.
La decisión, tras el pedido de la defensa de González Bica, fue tomada por la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, que argumentó que no tenía conocimiento de que un centro carcelario estuviera en condiciones de atender la situación sanitaria del recluso.
La abogada de González Bica presentó ante la Justicia una serie de certificados firmados por un médico del Instituto Técnico Forense, que pertenece al Poder Judicial. El equipo de la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de la doctora Mónica Ferrero se opuso a la determinación y uno de los argumentos que presentó fue que la Justicia se estaba basando en certificados puntuales y no en el historial clínico del recluso. Este elemento no fue tenido en cuenta por Mainard, quien aseguró que los documentos firmados por el profesional bastaban para dar cuenta de su estado de salud.
Uno de los elementos que presentará Ferrero ante el Tribunal de Apelaciones que trata el tema es, justamente, el documento de la historia clínica de González Bica, que pertenece a la mutualista en donde se atendió siempre. Una fuente de la causa explicó a Montevideo Portal que para tomar decisiones de este tipo —se trata de un delincuente que fue condenado a seis años de cárcel por seis delitos de narcotráfico— se deben “tener todos los elementos arriba de la mesa”.
Con la historia clínica en mano, lo que buscará Ferrero es demostrar que la afección renal que padece González Bica no es tan avanzada como para tener que recibir tratamiento dentro de su casa. “Sirve para cotejar ambos elementos, para que no nos quedemos solo con los certificados”, agregó el informante.
González Bica es un narco que fue capturado en el marco de una operación que llevaba más de 400 kilos de cocaína en una ambulancia. La droga era para abastecer el mercado interno, dado que el delincuente solía operar en diferentes bocas de droga como “distribuidor”.
Las palabra de Heber
El tema generó malestar en el Ministerio del Interior y así lo hizo saber Luis Alberto Heber, quien se mostró “indignado” con la decisión de la Justicia. El jerarca adelantó que va a “hablar” con el Poder Judicial, pero no especificó si presentará un reclamo formal porque no se trata de “enfrentar” instituciones, argumentó.
“No entendemos y realmente, en lo personal porque no quiero involucrar a la policía, estoy bastante indignado con la situación. Ha costado mucho, nos cuesta mucho agarrar y probar que un narcotraficante tiene una vinculación y una incidencia en una organización para que luego se le ponga una tobillera, la corte, se vaya y ahora está fugado”, indicó.
“Sé y me consta que la fiscal estaba en contra de la situación, entonces indigna sobre todo por el trabajo que hay detrás de muchos policías, de mucha investigación, de mucha inteligencia para finalmente tener las pruebas como para llevarlo preso y resulta que después le dan una tobillera”, agregó.