Este lunes la jueza a cargo del caso de Santiago Cor —el joven que falleció el pasado 9 de agosto del 2020 mientras huía de la policía— dará a conocer el fallo judicial contra dos efectivos, imputados por ser presuntos autores de un delito de abuso policial y homicidio a título de dolo eventual, informó el diario El Observador. Radio Yi Durazno comunicó que la magistrada lo hará sobre las 16:00.
La fiscal de 2º Turno de Durazno, Bárbara Zapater, pidió que se investigue a los dos agentes por abuso de funciones y el homicidio de Cor, y la Justicia dio lugar a la investigación. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se manifestó sobre este caso en varias ocasiones y realizó diversas consideraciones.
Por ejemplo, en una de las audiencias judiciales, el secretario de Estado se hizo presente en el departamento para “respaldar” a los efectivos. En declaraciones a la prensa, dijo que está “muy preocupado” por la situación y que esperaba que “todo salga como se debe actuar”. “La policía a nuestro juicio trabajó muy bien, están siendo ahora en una audiencia, de alguna manera con una solicitud de formalización que nosotros no entendemos”, sostuvo en ese entonces.
“La policía cumplió con la ley de procedimiento policial, con la voz de alto y aceptando o no con la misma orden para que se pueda mostrar los documentos, salió escapado del procedimiento policial y por lo tanto creemos que la policía hizo la persecución que la misma ley de procedimiento policial establece”, agregó.
Las declaraciones de Heber generaron diversas repercusiones a nivel judicial y político. Al presidente Luis Lacalle Pou le pareció que fue “un buen gesto” del ministro y opinó que no le pareció una “intromisión” en la justicia dado que la Justicia “no es presionable” en Uruguay. Sin embargo, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado en el que expresaron “preocupación” por los dichos de Heber.
A su vez, indicaron que, tanto la presencia del jerarca en el lugar como sus declaraciones, “generan preocupación en la asociación” dado que representa una “presión indebida” a la jueza actuando y “provocan una afectación” de la fundamental separación de los poderes. “En ese sentido, AMU rechaza cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas”, asegura el texto.
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