El juez letrado de Feria Alejandro Recarey dispuso medidas cautelares en protección del ambiente y ordenó “la
suspensión de toda obra de continuación, remodelación y ampliación de Punta
Colorada, así como todo retiro de arena y colocación de flora exótica en el lugar”,
según reza el dictamen judicial citado por MVD Noticias de TV Ciudad al que también accedió Montevideo Portal. Estas obras estaban siendo realizadas por la Intendencia de Maldonado.
En cuanto a la colocación de flora, el juez menciona “en especial y sin perjuicio de otras, la popularmente llamada 'garra de león'".
“Todo ello hasta tanto dichas obras cumplan con los requerimientos de confección de los debidos estudios de impacto ambiental y ordenamiento territorial, con arreglo a lo dispuesto en las leyes nros. 16.466 (Ley de Evaluación del Impacto Ambiental), 16.642 (Rendición de Cuentas de 1992), 19.772 (Regulación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata)”, señala el fallo.
El juez indica que “existe peligro de lesión al medioambiente y aún a la vida social y económica nacionales” y que “hay evidencias de riesgo de reducción espacial que impida la movilidad de las dunas de arena; de esa forma, literalmente, de pérdida lisa y llanamente de playa".
Además considera que puede haber "repercusiones en la flora y en la fauna —extinción de bosque indígena y de pasto dibujante, así como de desplazamiento territorial de fauna marina—“.
“Por lo demás, todo lo cual puede repercutir en fuentes de trabajo tradicionales; así como a largo plazo, en las perspectivas turísticas de las playas. Además, aún cuando no parezca conocerse con detalle, puede existir perjuicio económico y social, por mantenimiento de obras materiales ecológicamente no defendidas”, reza el documento.
“Por último, hay bases para pensar que pueda comprometerse el patrimonio ecológico de la zona. Condiciones todas estas que justifican la cautela, hasta tanto no se cumplan con los requisitos de estudios previos legales. Atento a la naturaleza del accionamiento, exímase de contracautela”, manifiesta Recarey en su dictamen.
Quienes solicitaron el freno de las obras comparecieron en la audiencia de acción de medida cautelar celebrada este viernes: María Alejandra Battocletti, secretaria y representante de la Asociación Civil “Nativos Punta Colorada”; Viviana Misurraco y Carlo Sammarco, presidenta y secretario de la Comisión Pro Fomento del Balneario Punta Colorada; y Juan Ceretta, como abogado representante de los anteriores.
La comisión y la asociación civil ratificaron su demanda contra el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado. El juez dejó constancia de que "la parte actora manifiesta que los estudios solicitados nunca se hicieron".
Además, expresó que "esto es previo a un juicio, es en carácter de diligencia preparatoria a una acción de requerimiento” contra la cartera y la comuna fernandina.
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