Tras la investigación administrativa dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a raíz denuncias por acoso laboral realizadas por el sindicato de funcionarios del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) calificó de “crisis institucional” la coyuntura que vive la Justicia.
Este lunes, la SCJ informó, a través de un comunicado, que el organismo anunció que dispuso una investigación administrativa para “determinar los hechos y las personas responsables de los mismos, así como también para determinar quiénes son los funcionarios afectados”. La denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) apunta al director de Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, quien según informó la SCJ se encuentra actualmente “de licencia reglamentaria”.
En esta coyuntura, el gremio de jueces expresó: “La AMU ve con profunda preocupación la crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial, a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados por funcionarios de la Dirección General de los Servicios Administrativos”.
Y añadió: “El director general de los Servicios Administrativos es cargo de particular confianza de la corporación toda, por ende, si uno de sus integrantes pierde esa confianza, la única decisión admisible es la remoción”.
Por su parte, la presidenta de la SCJ, Doris Morales, dijo este lunes en diálogo con la prensa que el jerarca denunciado “perdió su confianza” y que, más allá de la investigación, entiende hay elementos suficientes para remover a Pesce de su puesto.
Sin embargo, Morales quedó en minoría por esa posición y fue aclarado de forma explicita en el comunicado que divulgó este lunes la SCJ sobre la decisión adoptada por los ministros (son cinco).
“Se deja expresa constancia, a su solicitud, que la señora presidenta de la Suprema Corte de Justica, Doris Morales, no suscribe el presente comunicado”, finaliza la misiva.
Sobre este punto, el gremio de jueces apuntó: “Sin desmedro de las máximas garantías que merece la investigación de los graves hechos denunciados respecto de los funcionarios de carreras involucrados, y en la que se deberán extremar las medidas de tutela de los denunciantes frente a los denunciados que siguen en funciones en su calidad de jerarcas, entendemos que la decisión adoptada en minoría por la presidenta de la SCJ respecto a la continuidad del director general resultaba la más acorde a las particulares circunstancias, y a la necesaria pacificación de las partes en conflicto. Lamentamos que, una vez más, la Corporación haya desaprovechado la oportunidad de generar un acercamiento más fructífero con los gremios judiciales, y en su lugar, adoptara por mayoría una tesitura intransigente. Entendemos que debe cesarse en su cargo al director general de los Servicios Administrativos”.
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