OpenDemocracy, un medio de noticias internacional con base en Londres, publicó recientemente un extenso reportaje que pone en relieve varias carencias del funcionamiento policial y judicial uruguayo.
El informe se titula “Desaparecidas en Uruguay: 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual”, y es obra de la periodista uruguaya Angelina de los Santos, quien durante un año investigó nueve casos no aclarados de desapariciones de chicas adolescentes. Uno de ellos, y el de mayor destaque en el informe, es el de Milagros Cuello, ocurrida en diciembre de 2016, cuando ella tenía 16 años.
“El 3 de diciembre de 2016, su hija Milagros Cuello ya estaba en la cama, lista para dormir, cuando cerca de las 11 de la noche recibió una llamada al celular. Algo le dijeron que la hizo levantarse, vestirse y convencer a su padre de que la dejara salir. ‘Voy y vuelvo en cinco minutos’, le dijo la adolescente de 16 años, y se fue a pie hacia la plaza principal de Pando, a menos de un kilómetro de distancia. Esos minutos se transformaron en horas. Y luego en semanas, meses y años. La familia nunca volvió a ver a Milagros”, comienza el informe de la reportera.
En el texto, De los Santos recoge la interminable lucha de Nancy Baladán, madre de Milagros, quien en el afán de localizar a su hija se vio inmersa en un laberinto de desidia, inoperancia y violencia.
La crónica narra que la mujer recorrió los diecinueve departamentos del país en busca de su hija, y que fueron sus propias investigaciones —no las de la policía— las que permitieron que tres personas fueran detenidas y encarceladas por el caso.
“Estuve dos años peleando para que los llevaran al juzgado. Y yo cruzándolos en la calle”, recuerda Baladán.
En el caso de Milagros, los errores o vacíos de procedimiento se notaron desde el primer día. “Se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza de Pando. No se hicieron identikits ni perfiles psicológicos de ningún sospechoso, a pesar de que la abogada de la familia los había solicitado expresamente”, detalla la reportera.
Al notar esa inacción de las autoridades, Nancy Baladán supo que ella misma tendría que tomar el caso de su hija en sus manos, porque los aparatos estatales encargados de tal cometido no parecían dispuestos a hacerlo.
Así, la mujer “llevó la foto de Milagros a las treinta comisarías de Canelones, después de darse cuenta de que los agentes no habían transmitido la información”.
Esa fue la primera de las numerosas omisiones que se produjeron en el caso. La crónica recuerda que tres sospechosos confesaron en los primeros interrogatorios haber explotado sexualmente a la menor. Pese a ello, los procesamientos y posteriores condenas se produjeron tres años más tarde, y “luego de reiteradas denuncias y quejas de su madre y de colectivos sociales ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay”.
“Tampoco se investigó si la desaparición de Milagros estaba relacionada con la explotación sexual, ignorando no solo las evidencias, sino los protocolos internacionales”, agrega el informe.
La negativa judicial para seguir esa línea de investigación es especialmente grave si se tiene en cuenta que todo lo que se sabe sobre el caso apunta precisamente a esa hipótesis. Así lo dijo en el mismo reportaje la fiscal Alicia Ghione, que en 2019 condenó a los tres detenidos por el caso. “Es muy probable que su desaparición haya estado directamente relacionada con ese circuito de explotación sexual”, dijo.
En cuanto a la investigación sobre el caso, el reportaje de Angelina de los Santos recoge una situación inaudita.
“En 2017, el departamento de personas ausentes del Ministerio del Interior pidió a Baladán que fuera a una cárcel para recabar el testimonio de un interno que supuestamente tenía información sobre el paradero de su hija. Sí, le encargaron la investigación a la madre de la víctima. Ella aceptó. Anotó en un papel todo lo que el preso le dijo y lo llevó de inmediato a la policía”, escribe.
Sin embargo, lo insólito de la situación no terminaría allí, y sumaría de inmediato un elemento que parece extraído de una crónica de narcotraficantes de la prensa mexicana: al día siguiente de esa visita, un sujeto armado interceptó a Nancy a metros de su casa y la amenazó de muerte. “Si seguís removiendo mierda, te vuelo la cabeza”, le dijo.
Nancy Baladán asegura que el autor de la amenaza supo lo que ella había hecho porque desde el Ministerio del Interior se filtró información. “Ellos y mi marido eran los únicos que sabían que iba a ir a la cárcel. En medio de la discusión, me dijeron: ‘Hasta aquí podemos llegar nosotros. Hacé lo que nosotros no podamos hacer’”, cuenta.
Hoy, Nancy Baladán sigue buscando a su hija, y su esfuerzo fue el mojón sobre el que se asentó la plataforma “¿Dónde están nuestras gurisas?”, que concentra y difunde información sobre niñas y adolescentes desaparecidas.
“Hoy y siempre, constantemente estoy dando vueltas, buscando, porque si no la sigo buscando yo, ellos no la van a buscar. Es cortito: no van a buscar nada”, asegura.
Más casos
El informe de OpenDemocracy relata de manera detallada el caso de la desaparición de Milagros Cuello Baladán, pero se ocupa también de otros ocho casos. Asimismo, revela cómo es el funcionamiento policial y judicial al respecto.
“Hay un historial contundente de omisiones constantes, cometidas principalmente por las autoridades que deberían protegerlas”, escribe la periodista, quien detalla que “las denuncias, evidencias y declaraciones de testigos se pierden con frecuencia o bien no salen de la repartición policial donde fueron recabadas, o cuando hay sospechas de que la causa de una desaparición puede ser un crimen, no llegan a los policías que deberían investigarlas ni a la fiscalía”.
OpenDemocracy también constató que “en algunos casos [las investigaciones] se inician meses después de que se denuncia una desaparición. Y que, en muchas instancias, la hipótesis de explotación sexual o trata es desestimada sin haberla investigado de forma adecuada. Como si todo esto fuera poco, las autoridades incurren a veces en procedimientos irregulares”.