Jorge Díaz se define como un obsesivo del trabajo, metódico para poder obtener los resultados que espera. Díaz, exfiscal de Corte, condujo la transformación del Código del Proceso Penal, lo que le llevó a cultivar amigos y enemigos dentro del Ministerio Público. 

El actual socio del estudio Brum Costa tiene la particularidad de que fue juez, fiscal, abogado y víctima cuando asesinaron a su exesposa. Conoce con lujo de detalles cada parte del proceso judicial y asegura que vivió en carne propia de qué se trata aquello del olvido de las víctimas por parte del Estado. 

En entrevista con Montevideo Portal, abordó las críticas que ha cultivado en este último tiempo, los cuestionamientos de la fiscal Gabriela Fossati y la incapacidad del Poder Ejecutivo para designar a un nuevo fiscal de Corte.

Con el diario del lunes, ¿cómo evalúa su salida de Fiscalía? 

Quedé conforme porque fue una decisión que tomé yo y que ejecuté en forma satisfactoria para mí. Yo creo que la explicación está dada en el momento en el cual me proponen asumir la Fiscalía de Corte, en noviembre de 2011. La primera pregunta fue para qué, estrictamente, porque yo tenía una carrera dentro del Poder Judicial; la verdad que me había ido muy bien, me gustaba lo que hacía, estaba cómodo. Era un desafío que me planteaba y el desafío que se me planteó por parte del Poder Ejecutivo de la época y por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento —que eran el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, el Partido Independiente no tenía representación en el Senado pero participaba de las negociaciones de ese momento— y el planteo era que el país necesitaba una reforma procesal penal. En aquel momento habíamos recibido un tirón de orejas de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos por el caso Peirano y el uso abusivo de la prisión preventiva. Había recomendaciones de todo tipo de que Uruguay necesitaba cambiar de forma urgente su proceso penal. En su momento, el desafío era ese y esa fue la palabra empeñada, como digo yo, ante el sistema político en su momento. Fui votado por unanimidad, incluso con el apoyo del Partido Independiente. Quedaron algunas cosas pendientes, pero el trabajo para el cual había sido contratado, estaba hecho. Y a un año y algo de irme, del vencimiento del plazo, entendí que se había terminado el plazo. En ese momento quien tenía que hacer la transición era el doctor Cancela, que era el vicefiscal. Él ahí me gana de mano y se jubila antes de que yo me vaya. Me tuve que quedar un poco más, hacer el proceso de transición para que nombraran a un nuevo adjunto y que entendiera de qué se trataba. Fue una decisión pensada, meditada y ejecutada, como buen obsesivo, paso por paso. 

¿Qué impronta le dio a la Fiscalía? 

Creo que lo tendrían que decir otros... 

En comparación con Juan Gómez, hay quienes dicen que usted fue más combativo y de ir al frente. 

[Piensa] No sé, creo que eso lo debe evaluar cada uno. A nosotros nos tocó un proceso de transformación profunda de la Fiscalía. Pasamos de ser un servicio descentralizado —con todo lo que eso significó—, se instauraron concursos por primera vez en todos los cargos fiscales, se reformó el código, se cambió el rol de la Fiscalía. Evidentemente generan resistencias o rispideces naturales en el ser humano y por otro lado hay gente, que creo que es la gran mayoría, que está de acuerdo. Es la vida misma, pero no soy yo quién para evaluar. Yo me voy satisfecho con el deber cumplido. 

¿El cambio más notorio para la ciudadanía es que los fiscales tienen un rol más activo en los medios? 

Eso era una consecuencia natural del cambio de sistema. Podremos ser una aldea, pero estamos en el mundo y en el mundo las cosas son de una determinada manera. En todos los países donde hay sistemas acusatorios los fiscales tienen un protagonismo público. Capaz que hay alguno que lo busca, no lo sé, pero la realidad es que ustedes los periodistas llegaron a la puerta de la Justicia Penal hace un tiempo y llegaron para quedarse. Por la razón que sea, porque el público lo lee, porque a la gente le importa, porque a ustedes les parece que tiene relevancia pública. No solo en Uruguay, en todo el mundo. 

Al fiscal le puede generar cierta presión esa exposición. 

Presiones vas a recibir en el ejercicio de cualquier cargo público. En la investigación y la persecución criminal, obviamente. Pero quien no esté preparado para recibir presiones, no puede ser fiscal, porque el rol es ese. 

¿Están preparados hoy en día? Porque muchos se quejan de que están con mucho trabajo y con mucha presión. 

Si uno mira la Fiscalía desde afuera, uno ve que hay dos o tres casos que generan ruido y la enorme mayoría no genera ningún ruido. Si el 98% de los fiscales no suele tener problemas de comunicación, quiere decir que el sistema razonablemente funciona bien. Pero es claro que hay muchísimos fiscales a los que la gente no les conoce la cara. 

¿Cree que hay un grupo pro-Díaz y otro que está en contra? 

No, yo creo que no. Tengo buena relación, en general, con todo el mundo. Obviamente que hay gente que siente que yo tomé decisiones que la perjudicó, y que podrá estar más o menos molesta o enojada. Pero me ha tocado, de este lado del mostrador, tener casos con esa gente y han sido de una corrección y profesionalismo intachable. Yo creo que el fantasma de Díaz podríamos dejarlo de lado. Yo ya no llevo el fantasma de la Fiscalía. 

¿Pero reconoce que sigue estando en boca de muchos fiscales y que vuelve a estar cuando se habla de quién podría sustituir a Gómez? 

Ese es un desafío que tiene que tomar el sistema político. Yo pensé, equivocadamente, que el sistema político había entendido la naturaleza y la importancia del cargo del fiscal de Corte y que iba a designar en un plazo razonable. Los plazos ya dejaron de ser razonables y bueno, el país está en la situación en la que está. Pobre Juan, no es culpa de él, pero digo que es la realidad. Es un problema del sistema político y, en particular, del Poder Ejecutivo que no ha cumplido con su obligación que es pedirle al Senado la venia para designar un o una fiscal. Esto también forma parte de no tener un ministerio de justicia: los temas de justicia quedan un poco bollando dentro del Poder Ejecutivo. 

¿Y un triunvirato? 

La verdad es que no tiene ningún sentido. No existe en ninguna parte del mundo, no tiene ningún fundamento. A ver, con ese sistema podemos volver al sistema colegiado para el Poder Ejecutivo o para los ministerios. No tiene mucho sentido realmente. La propuesta partía de la base de que “así nos ponemos de acuerdo más rápido”. Bueno pero, hasta donde yo recuerdo, por lo menos en el Senado, hay cuatro partidos con representación parlamentaria. Entonces, si cada uno quiere tener el suyo, implica que no serían tres, serían cuatro. Sería politizar, pero bueno... creo que eso ha quedado un poco en el tintero. 

¿Cómo ve la Fiscalía al mando de Gómez? 

Yo ejerzo el derecho a un prudente y prolongado silencio en ese punto, porque entiendo que es mi contribución [se ríe]. Me parece que forma parte del debate público, del debate político. Cada uno tiene que defender su gestión y la gente que no esté de acuerdo, criticarla. 

¿Está de acuerdo con las críticas? 

En esto de la crítica se han pasado determinados límites, lamentablemente. Pero bueno, forma parte de la libertad de expresión. Yo estuve 30 años ejerciendo responsabilidades públicas, por las cuales tenía, por un lado, una limitante: no podía hablar de ciertos temas. Y por otro lado, tenía una obligación que era rendir cuentas públicas. Cumplí con las dos. Ahora que soy un ciudadano libre y gozo de mi libertad de expresión, elijo opinar sobre lo que me parece y sobre lo que no tengo que opinar, no opino y guardo silencio. Rindo cuentas ante mis clientes, porque es mi obligación presentarles un gran servicio.

¿Le sorprendieron las críticas de la doctora Gabriela Fossati? 

Una de las cosas de las que elijo no hablar son las declaraciones públicas de mis excolegas. 

¿Pero en lo personal cómo le cayeron? 

Yo tengo cuatro hijas a las que puedo mirar a la cara y eso para mí es lo que vale. Pero, además, aprendés a soltar. Hay que aprender a soltar. Cuando dejé la Fiscalía me saqué de la espalda una mochila muy pesada, que cargué casi 10 años. Me gustaba lo que hacía; estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Que no lo hizo Díaz, porque ese es otro gran problema de personalizar. Porque en el trabajo de la Fiscalía hubo un montón de mujeres y hombres que dejaron el alma en la cancha. Entonces, dejemos de centralizar en una sola persona porque es injusto para un montón de gente. 

¿Hay que regular o limitar el uso de las redes por parte de los fiscales? 

En su momento le propusimos a la Asociación de Fiscales armar una comisión para establecer un reglamento. Fui fiscal de Corte estando vigente el artículo 33 del viejo decreto de ley, que prohibía criticar al jerarca. Venía de la época de la dictadura, pero estuvo vigente hasta 2015. Nunca apliqué esa norma. Entonces, yo creo que está bien que haya una regulación; puede ser saludable. 

¿Pero no cree que hay una afectación a la institución cuando las acusaciones al fiscal de Corte se hacen por Twitter? 

Volvemos a lo mismo: son dos o tres casos. 

Pero es con lo que la sociedad se queda. 

Sí, está bien, pero es injusto para con el resto del colectivo. 

En otros países los fiscales se expresan sobre política. ¿Cómo ve esto en el marco de la independencia técnica, que es muy estricta en Uruguay? 

La independencia técnica de los jueces es un requisito fundamental para que exista el Estado de Derecho. Es decir, para que exista Estado de Derecho tiene que haber debido proceso, y para que haya debido proceso tiene que haber jueces independientes e imparciales. La independencia de los fiscales es una decisión política que cada Estado toma. Muchas veces hay sistemas, como el sajón, donde los fiscales no tienen independencia técnica. En España, de donde nosotros heredamos nuestra tradición jurídica, los fiscales tampoco tienen independencia técnica. Lo que está claro es que, sea con o sin independencia, la Fiscalía es el persecutor criminal, por lo cual debe haber una línea de política criminal. 

¿Recuerda algún caso en especial de esta etapa como abogado? 

Este es un estudio en el que el cliente siempre va a tener la cara de un socio responsable, que le va a dar la cara. Yo tengo un caso de lavado, donde participa gente de lavado y de [derecho] societario, que es necesario que intervengan. Ahora vamos a plantear la inconstitucionalidad de una ley que prohíbe la acumulación a los expresos políticos de la indemnización con la jubilación. Los casos que no me interesan no los tomo. 

¿Como por ejemplo? 

Yo, en general, no tomo casos de delitos sexuales en defensa de imputados. 

¿Por convicción? 

No, a ver, si mañana tengo una situación de un amigo y estoy convencido de su inocencia, probablemente lo pueda llegar a tomar. En principio, no. No me sentía cómodo cuando era juez ni fiscal con estos temas. Tampoco tomo casos para defender a personas acusadas de violar los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. 

¿Qué evaluación hace del caso de Pepín Rodríguez Simón? 

Tiene determinadas cosas reservadas. Tengo un cliente que tiene un objetivo y que estamos trabajando en pos de la consecución de ese objetivo. 

¿De la comisión de refugiados hubo novedades? 

No, estamos a la espera de que eso se resuelva.

¿Está atravesado por lo político? 

Sí, seguro. No hablo a nivel de Uruguay, sino a nivel argentino. 

¿Cómo ve la marcha del Código del Proceso Penal? 

Hay cosas que funcionan muy bien y algunas no. Hay algunos institutos que han sido derogados y ha generado daño, como por ejemplo la sustitución del proceso a prueba. Es decir, generan más daños las modificaciones posteriores a la entrada en vigencia del código, que la reforma en sí. Después hay cuestiones personales. Nosotros tenemos dos casos de delitos económicos, con dos clientes que fueron estafados por vía informática por sumas importantes de dinero y la pasividad es increíble. En un caso la investigación está hecha y la persona está reconocida al final de la cadena de las transferencias. Hace más de ocho meses que la Fiscalía no ha solicitado la formalización; a mí me sorprende esa pasividad. Por otro lado, tenemos un caso peor de hace un año, y no se ha hecho absolutamente nada y le hemos ofrecido todos los mecanismos para operar y colaborar con la investigación. Pero eso no es un problema del CPP, es un problema personal. 

¿Pero cree que hay algo intencional? 

Los delitos económicos son más difíciles de investigar. Ahora, cuando tú no hacés nada o cuando está hecho y no actuás, ahí está el problema. 

Pero es un reclamo bastante común entre los defensores... 

Pero ahí las personas responsables tendrán que hacer algo. No es un problema normativo; Uruguay tiene fetichismo normativo. El sistema político cree que la norma es un fetiche que hay que adorar y cree que, cambiando la norma, cambia la realidad. El legislador uruguayo cree que tiene la vara mágica de Harry Potter, que toca la realidad y la realidad cambia. Yo tengo muy malas noticias: los hechos, porfiados ellos, podés aprobar muchas normas y van a seguir estando ahí. Ayer repasaba De los delitos y las penas, de Cesare Marchese di Beccaria, de 1764, y ya decía eso. El gran problema no era la gravedad de las penas. Podés tener penas muy graves, que con la sensación de impunidad llevan a la gente a pensar que puede cometer el delito sin que lo agarren. 

Es lo que puso el fiscal Negro en Twitter hace unos días. 

Exactamente. Si tenés el 50% de impunidad, por más que le digas que le vas a dar cadena perpetua, el que va a cometer el delito va a pensar que tiene una en dos chances de zafar. ¿Vamos a seguir legislando así? Es hora de decirle al Código Penal del 34, como decía Langón, “prestó honrosos servicios a la patria pero ya es hora de cambiarlo”. Porque no tenemos código, porque desde la ley de seguridad del Estado para acá hemos ido cambiando, agregando delitos, creando agravantes, aumentando penas. Los hechos, porfiados ellos, siguen indicando que los delitos siguen creciendo. No pasa por ahí el problema. Tenemos un código que es una antigualla, pero ya está. ¿El sistema político uruguayo es incapaz de aprobar un código penal nuevo? ¿El Poder Ejecutivo no es capaz de mandar un proyecto? Y no hablo de este, eh: desde el gobierno de Sanguinetti hasta el de Lacalle Pou. 

¿Se dedicaría a la política?

[Piensa] Yo he dicho que no. Yo estoy cómodo. A mí me encanta lo que hago, encontré mi nueva zona de confort. Antes era una zona completamente desconfortable pero era mi zona de confort. Pero la verdad que está bravo. Por otro lado, ta, yo qué sé. No creo... pah, o sea, es muy difícil que vuelva a ejercer cargos públicos. Hay cosas que te movilizan, obvio. 

¿Por ejemplo? 

Tiene que ver con el funcionamiento de la Justicia, de las instituciones de Justicia. Me movilizan porque a mí me tocó ser juez, fiscal, me tocó ser abogado pero también me tocó ser víctima. Entonces, cuando vos pasaste por el proceso penal pero a su vez sos padre de dos hijas que vieron asesinar a su madre y viviste todo ese proceso de olvido del Estado de la víctima...

Uno trabaja para vivir y para vivir mejor, todo eso fantástico, pero también para disfrutar lo que hacés. Yo tengo 56 años, soy una persona en los parámetros del Uruguay joven, pero también hay que aprender a disfrutar. A mí me pasó durante muchos años de no tener un tiempo para compartir cosas. Entre todas las críticas que habrás escuchado [de mí] nunca nadie dijo que soy corrupto, que soy haragán ni que soy burro. Nadie se atrevió a decirlo. Pero, hablando en serio, tenés que disfrutar lo que hacés.