Jorge Díaz: En Fiscalía “estamos en riesgo de no poder pagar la luz y el teléfono”

Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.

Durante la entrevista, el funcionario manifestó su preocupación por cierta polarización que observa en la sociedad, y advirtió que, al igual que sucede con los individuos, las sociedades inspiradas por "el miedo, el rencor o el odio, no toman los mejores caminos y decisiones".

Asimismo, señaló como negativa la tendencia a considerar que "todo lo que dice el otro está mal y lo que digo yo está bien, sin cuestionar siquiera cuál es el argumento", fenómeno que "uno lo ve en forma especialmente exacerbada en las redes sociales, pero también aparece en los medios de comunicación".

Para colmo de males, a esa actitud poco recomendable "le hemos dado una vuelta de tuerca más, que es el el levantar la voz, gritar, ser maleducado".

Interrogado acerca de la conveniencia de despenalizar los delitos de difamación e injuria, Diaz respondió que, en su opinión "despenalizaría los delitos de opinión, pero" existiendo como existen y siendo mi deber cumplir con la ley, he visto con agrado que personas que han sido agraviadas sistemáticamente en redes sociales han utilizado la denuncia. No para hacer sancionar, sino como mecanismo para obligar a la retractación", dado que "no hay derecho a que una banda de personas de o de bots termine trasformando una falsedad en verdad".

Entrevista adelante se abordó el tema de la difícil situación presupuestaria que atraviesa la Fiscalía General de la Nación, y los peores pronósticos para el futuro inmediato, dado el anuncio presidencial de que en el próximo presupuesto el gasto consagrado a ese rubro será nulo.

Más allá de esa decisión del Poder Ejecutivo, Díaz adelantó que "la Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado, mandará su propio presupuesto", algo para lo que la habilita el Artículo 220 de la Constitución, "y ese presupuesto no será de gasto cero".

El jerarca es sabedor de que esa solicitud difícilmente prospere sin el apoyo del Ejecutivo, entre otras razones porque el Parlamento sólo tiene la posibilidad de distribuir rubros pero no de aumentar los disponibles. Sin embargó, llevará adelante el pedido porque lo considera como su obligación.

El fiscal recordó que este año el funcionamiento de la Fiscalía ha sido complicado debido a estas carencias de rubros.

"En términos nominales tenemos la misma cifra que en 2015. Eso ya es disminución, y a su vez en el presupuesto pasado nos sacaron de ahí 10 millones". Por otra parte, se aprobó una ley que, al menos en principio, entorpeció la circulación de los rubros dentro del propio sistema de la Fiscalía, algo que, con el paso de los meses "se aceitó y se agilizó".

"Nosotros apretamos muy fuerte el cinturón y hoy no digo que tengamos asegurado llegar a fin de año, pero estamos mejor mucho mejor que antes". Pese a ello, insistió en que "en algunos rubros, como en gastos de funcionamiento, estamos muy mal".

Pese al penuria descrita, Díaz no avizoró un panorama donde la Fiscalía pueda entrar en colapso, aunque señaló que "sí podemos temer el riesgo de pagar la luz y el teléfono".

Sobre ese tema, contó que meses atrás llamó al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, a quien califico como "estimadísimo amigo". En esa comunicación "le dije que teníamos para pagarle como mucho hasta setiembre, y después no podríamos, si no había una rebaja en factura o algún mecanismo".

"Si nos bajan la llave (de Antel) no podemos funcionar", explico el funcionario, debido a que "todo el funcionamiento de Fiscalía se hace sobre un sistema informático que está en el datacenter de Antel".

Sin embargo, el funcionario confía en que no se llegue a tan crítica situación, y avanzó que ya ha tenido "algunas respuestas" de parte de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Posteriormente, el periodista lo consultó sobre la denominada Ley de Faltas, su implementación y resultados. Sobre ello, recordó que el 96 % de los delitos que encajan esa figura son infracciones de tránsito. Además, sólo un 20% termina siendo objeto de sanción penal, y en casi todos los casos esta consiste en tareas comunitarias. Esto ha hecho que en el ambiente jurídico existan voces que consideran que debería derogarse.

"En mi muy humilde opinión, y lo he dicho toda la vida, creo que de las faltas deberían seleccionarse" transformando en delitos aquellas que así lo ameriten y derogando el resto.

"Es un mecanismo costoso y da muy poco resultado. La infracción de tránsito hay que multarla y, en caso de reincidencia, quitar la libreta y ¿qué le agregamos persiguiendo penalmente?", se preguntó.

Díaz entiende que el actual sistema de faltas ocupa horas de trabajo de fiscales que serían más útiles en el sector penal, algo que también ocurre en la Dirección Nacional de Aduanas.

Por ello, entiende que la capacidad de trabajo podría verse incrementada "si a los fiscales que tenemos haciendo aduana los pudiéramos pasar a penal y que la representación de la aduana en el proceso aduanero la haga un abogado de la aduana", situación similar a la que ya sucede en la Dirección General Impositiva (DGI), donde la persecución legal de morosos e infractores la hacen abogados del organismo.

Sobre ese tema, explicó que durante el gobierno pasado se llegó a redactar un proyecto con la anuencia de las autoridades aduaneras y el Ministerio de Economía y Finanzas. "Por alguna razón que desconozco, ese proyecto que estaba redactado, no se presentó", expresó.

Días asegura que la idea también contó con el acuerdo del actual directorio de Aduanas, y que también se lo planteó a la actual titular del MEF, pero todavía no tuvo respuesta.