Este lunes se conocieron nuevas designaciones del gobierno electo, y una que se destaca por el impacto que podría tener en su rol es la de Jimena Pardo a la presidencia del Banco de Previsión Social (BPS).

Pardo es economista por la Udelar, con especialidad en Seguridad Social, Fondos de Pensión y Seguros, y es docente universitaria desde 1995. Fue asesora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, y directora y vicepresidenta de República AFAP. Es respetada profesionalmente tanto en la oposición como en el oficialismo.

Durante la discusión en torno a la reforma jubilatoria que procesó el gobierno de Luis Lacalle Pou, Pardo fue una de los 15 miembros de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que se creó a partir de la LUC, y que presidió Rodolfo Saldain. Allí asumió la voz cantante del Frente Amplio a nivel técnico, en conjunto con Ernesto Murro, que sintetizó la visión más política.

Según pudo saber Montevideo Portal con integrantes de esa comisión, la experiencia de Pardo permitió un “aporte muy importante en la etapa al diagnóstico” de la situación, sobre todo por su trayectoria en República AFAP. Y también fue importante su interacción con los equipos técnicos del BPS.

En la etapa de recomendaciones al Poder Ejecutivo, Pardo se mantuvo alineada a la postura de la Mesa Política del Frente Amplio, que fue esencialmente de oposición a la reforma acordada en la comisión.

Tiempo después, ante la definición del Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio de plebiscitar el tema, Pardo se mostró contraria. La iniciativa, que finalmente llegó a las urnas en octubre, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada, establecía un tope de edad jubilatoria en 60 años, la equiparación de pensiones y jubilaciones con el salario mínimo nacional y la eliminación de las AFAP.

Pardo integró la nómina de economistas y militantes de izquierda que firmó para expresar su posición negativa al plebiscito, llamada “Frenteamplistas por el No”. Los profesionales argumentaban que la iniciativa tendría efectos regresivos y que terminaría por perjudicar a los sectores más vulnerables.

Durante la campaña electoral fue asesora de Mario Bergara rumbo a las internas, y luego del equipo económico del FA con la candidatura de Yamandú Orsi.

Su nombramiento al frente del BPS la coloca en un lugar esencial para llevar adelante el mentado “diálogo social” que propuso el Frente Amplio para revisar la normativa vigente en temas de seguridad social.

Según dijo Pardo en una entrevista con La Diaria en octubre pasado, ella ya integraba un grupo de frenteamplistas que había logrado acuerdos sobre “cuáles son las cuestiones que hay que arreglar, entre ellas la edad, la cobertura universal, los problemas del régimen de ahorro individual y la forma en la que se organiza, el tema de los trabajadores independientes y el hecho de revisar la financiación del sistema”.

Sobre el diálogo social, dijo: “Con algunas personas estamos pensando algunas propuestas para impulsar en ese ámbito. Estas soluciones, básicamente, pasan por cambiar la ley. En un sistema que es cada vez más diverso, en el que las personas tienen historias laborales cada vez más distintas, situaciones de vida cada vez más diferentes, las reglas únicas no las van a atender bien. En ese sentido, la ley del gobierno tiene una regla única, podríamos decir, que es la suba de la edad a 65 años”.

En esa oportunidad también cuestionó la sostenibilidad financiera que implica la reforma del actual gobierno, y adelantó: “La idea es conservar lo que funcionó bien, que es que la persona se autofinancie una parte de la prestación, que siempre sea la menor, porque la prestación básica es más grande, la que se lleva la mayor parte de los aportes siempre es la del BPS, y que por esta parte se administre distinto. Que se mantenga una administración profesional de los fondos, que eventualmente allí siga existiendo competencia, pero que la parte que es la administración de la cuenta, que es lo que tiene más que ver con la seguridad social, se haga diferente de lo que se ha hecho hasta hoy, por un ente estatal y, obviamente, tratando de bajar los costos y de que eventualmente no sean absorbidos por los trabajadores que aportan”.