El informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública llegará en las próximas horas a la Junta Departamental de Maldonado, donde se cuestiona el pago de salarios encubiertos en base a una partida especial creada en 2015 y aprobada por 29 de 31 ediles presentes.

La partida figura como un aporte a los sectores políticos que integran la junta para solventar gastos de funcionamiento y se distribuye en forma proporcional a las representaciones. Según supo Montevideo Portal el monto del año pasado alcanzó los 13 millones de pesos.

El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental reiteró el gasto. Para los ediles, la partida no es retributiva en la medida en que no va directamente a los ediles, sino que se paga a los sectores y ellos definen qué hacer con el dinero.

En el caso de que el dinero no llegara a los ediles, las fuentes consultadas señalaron que el financiamiento de partidos políticos a través de fondos de la junta podría violar la normativa.

El caso podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia y la Asamblea General, para analizar la constitucionalidad de la partida.

El artículo 295 de la Constitución señala que “los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”.