El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, fue convocado ante la Comisión Especial del Senado que estudia la ley de urgente consideración (LUC) y señaló su preocupación por varias normas propuestas que asegura que son negativas para la reinserción social de los reclusos y advirtió que podrían aumentar los niveles de reincidencia.

Petit presentó un documento ante la Comisión Especial e indicó sobre la LUC: "Buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas".

Petit, según recoge un informe publicado en la página web del Parlamento, señaló que las medidas propuestas parecen soluciones "pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes".

Además, consideró que, de aprobarse estas modificaciones, "significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria, lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública".

En el documento, que también rechazó el aumento de las penas para adolescentes, sostuvo: "Prueba evidente de que no tenemos un sistema penitenciario blando o una política criminal etérea, es que tenemos uno de los sistemas penitenciarios más poblados del mundo y triste líder en la materia en América Latina".

"El desafío, creemos, es justamente cómo lograr que ese sistema no sea una causa de criminalidad sino su freno y su plataforma de transformación, en todos los casos posibles, de integración social", agregó.

Petit recomendó a los legisladores tener especial cuidado "en no cambiar normas sin fundamento empírico que indique que ese cambio es necesario".

Así, Petit advirtió que estas modificaciones pueden, en lugar de ser una solución para la seguridad pública, "volverse mucho más parte del problema que de la solución".

Con este panorama, Petit propuso descartar algunos artículos y cambiar otros, pero también formuló varias propuestas, como incluir la responsabilidad del Estado por sus omisiones dentro del sistema penitenciario, básicamente ausencias de programas de tratamiento y acciones socioeducativas.

"Muchas de las muertes, heridas graves, deterioros en la salud general y salud mental de los internos privados de libertad, se deben a que en parte significativa del sistema no existen los mínimos y básicos programas de asistencia social capaces de al menos atemperar las carencias y problemas con que los procesados y condenados llegan a las cárceles", concluyó.