En tres diferentes fallos emitidos recientemente, distintos juzgados hicieron lugar a recursos de amparo presentados por tres familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, en el barrio Santa Catalina.

Las sentencias establecen que debe tratarse de "vivienda digna, con estabilidad en cuanto a la tenencia y que no implique de modo alguno separar a los integrantes que conforman dicho núcleo familiar". En dos de los casos la entrega debía cumplirse en 72 horas y en el restante en 24.

Posteriormente, desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOTMA) se informó que estos fallos serían apelados.

Irene Moreira (Cabildo Abierto), titular de esa cartera, dijo esta mañana a Informativo Carve que esta decisión de apelar "no es contra el fin, contra el hecho de que personas vulnerables obtengan casa, sino contra el medio utilizado" que fue recurrir a la vía judicial.

La jerarca aseguró que, en los últimos tiempos, se ha mantenido en contacto con las tres partes principales involucradas en el tema, las familias ocupantes, los propietarios del terreno, que es privado, y la intendencia de Montevideo".

Moreira recordó que el déficit habitacional en el país res de entre 60.000 y 70.000 fincas, y que unas 200.000 personas viven en asentamientos.

"El MVOTMA no cuenta con un stock de viviendas. "Sería una muy mala gestión de mi parte tener viviendas y no querer entregarlas", dijo.

"No hay que confundir el derecho a la vivienda con el derecho al acceso a la vivienda. El ministerio lo que realiza los lineamientos de cuál es la política pública de vivienda que queremos para este quinquenio", explicó.

En cuanto a la decisión de apalear el fallo judicial, Moreira explicó que fue una decisión tomada con el asesoramiento del área jurídica del Ministerio y también con asesoría externa.

Entre otras cosas, la jerarca entiende que dichos mandatos judiciales constituyen de forma indirecta, "un ataque al derecho de otros conciudadanos", dado que "al no tener stock, esa vivienda que fue entregada ya estaba destinada para otra familia, que cumplió con todo el proceso. se presentó al Ministerio, fue evaluada, hubo un seguimiento y participó de un sorteo.

Y ahora tengo que decirle que siga esperando porque hay que cumplir un fallo".

En ese sentido, la secretaria de Estado entiende que "preocupa cuál es el mensaje que estamos dejando. Un mensaje de ‘ve a ocupar un terreno, comete un delito de usurpación y cuando se presenta para imputar ese delito a través de juzgado penal , se hace un recurso de amparo y te damos una casa'. Ese es el mensaje que estamos dando, e insisto: la familia que cumplió todas las instancias y está en igual situación de fragilidad que la otra, ve violados sus derechos".

Moreira señaló que la idea de apelar no significa que se esté "en contra de esas personas", y subrayó que, en caso de lograr que se revierta el fallo, no pedirán el reintegro de la vivienda ya entregada. La idea sería, pues, evitar que estos dictámenes sienten precedentes.

Acá hay una idea errónea de que el Ministerio tiene una bolsa de viviendas para entregar- Ahora fueron tres sentencias, pero pueden caer más, y no estoy en condiciones de cumplir los próximos fallos", por lo que se repetiría la situación de postergar a otros destinatarios. "En 24 horas no tengo posibilidad de hacer una casa", dijo.

En cuanto a soluciones de fondo, Moreira indicó que desde su ministerio se trabaja en varias iniciativas, como el programa de mejoramiento de barrios, proyectos que deberán insumir "unos cuantos años".

"Relocalizar un asentamiento en 24 horas en una utopía. Ojalá pudiera, sería fantástico, pero no puedo hacerlo yo, ni pudo hacerlo ninguna administración anterior", expresó.