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La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1º Turno condenó a una persona por una estafa al Banco de Previsión Social vinculado con el seguro de paro en una institución deportiva.
Se trata de Roberto Pastoriza, exintegrante del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y dirigente de El Tanque Sisley, que fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, en concurso fuera de la reiteración más un delito continuado de falsificación ideológica, a la pena de 23 meses de prisión, que, entre otras medidas, se sustituirá con libertad a prueba, realización de servicios comunitarios y la restitución de dinero.
Según surge de la investigación llevada adelante, el 11 de diciembre del año pasado el BPS denunció ante la Fiscalía hechos irregulares relativo al pago de beneficios del subsidio por desempleo.
Los requisitos legales para acceder a dicha prestación, es ser trabajador mensual, haber permanecido como mínimo en planilla de trabajo o nómina de una o varias empresas, 180 días en los doce meses previos a configurar causal, mientras que, para trabajadores jornaleros, estos deben haber computado en el mismo período y condiciones, 150 jornales.
La Fiscalía en su pedido de formalización asegura que, durante los meses de julio y agosto del 2018 la persona condenada, en su condición de gerente administrador declaró ante el BPS en forma retroactiva a 22 personas como trabajadores, incluyéndolos en la nómina como empleados de la institución "Club Cultural y Deportivo El Tanque Sisley", con fecha de ingreso a diciembre de 2019 y con salarios que oscilaban entre los 95 mil y 105 mil pesos. Luego de presentar la nómina, el gerente declaró la finalización del contrato laboral o suspensión de este
El administrador reconoció ante la Fiscalía que, en realidad, estas personas no trabajaron en el club o, en otros casos, no lo hicieron por los períodos mencionados ni percibieron las remuneraciones indicadas, generando un error a la institución prestataria a fin de generar el derecho al cobro del subsidio por desempleo.
"Las declaraciones de servicios apócrifos, permitieron entonces, que un número importante de personas accediera a tal beneficio, el que, en realidad, fue gestionado y percibido por el imputado P, mediante la utilización del usuario y clave personal de quienes figuraban como presuntos empleados", indica la Fiscalía en su pedido de formalización.
"Ante tal engaño, el BPS abonó a través de las redes de cobranzas, el subsidio falsamente generado, el que fue percibido por el propio P", añade.
La Fiscalía asegura que el hecho generó posteriormente la sospecha de la institución dada las características coincidentes en todos los servicios declarados e inició una investigación administrativa, que, tras inspecciones en el lugar de trabajo, concurrencia a domicilios y declaraciones recibidas en actas a los presuntos beneficiarios, permitió aclarar lo sucedido.
"El BPS estableció que la maniobra perpetrada por el denunciado, implicó un perjuicio que asciende a la suma de $ 3.104.514. Por otra parte, cabe consignar que el imputado, al quedar al descubierto la maniobra, devolvió a la institución perjudicada, la totalidad de la suma señalada en la denuncia, mediante transferencia bancaria efectuada el 28/06/2021, lo que se acreditó en la carpeta investigativa de esta Fiscalía", concluye la Fiscalía.
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