El gobierno dispuso la intervención de Casa de Galicia “por el plazo de hasta un año con desplazamiento de las autoridades naturales de dicha Institución de sus cargos”, según señala en un decreto con fecha del 26 de octubre.

“Designase una Comisión Interventora, integrada por la Cra. Alicia Rossi Rodríguez, y la Dra. Nuria Santana Miquel, con amplias facultades de administración y disposición, sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar al Ministerio de Salud Pública”, dice el texto publicado por Presidencia de la República.

Además, se faculta al MSP “a disponer y realizar todos los actos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento” de esta resolución.

El texto explica que “el 24 de junio de 2021, Casa de Galicia solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud Pública, acceder al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (“Fondo de Garantía IAMC”), creado por Ley N° 18.439, de 22 de diciembre de 2008, por la suma de U$S 12:000.000 (dólares estadounidenses, doce millones)”. Sin embargo, el decreto señala que “el 30 de julio de 2021, el Área Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, analizaron la pertinencia de lo solicitado, señalando que Casa de Galicia ya había accedido a dicha garantía en dos oportunidades, existiendo al 31 de mayo de 2021 un saldo de deuda equivalente al 77,6% del total garantizado”.

“El plan de reestructura anterior no fue cumplido casi que, en su totalidad, obteniéndose resultados económicos y financieros muy distantes a los proyectados; destacando entre otras medidas la posibilidad de intervenir la institución”, sostiene el decreto.

Además, el 28 de agosto de 2021 se pronunció el entonces director general del Sistema Nacional de Salud, Dr. Luis González Machado, concluyendo que “Casa de Galicia ha experimentado un proceso continuo de pérdida de afiliados, padeciendo asimismo un deterioro económico que determinó la acumulación de resultados deficitarios en sus balances”.

El decreto señala que Casa de Galicia “ya accedió a través del ´Fondo de Garantía IAMC´ a la emisión de dos Fideicomisos (uno en 2012 y otro a finales de 2019), sin embargo, las medidas de los planes de reestructura fueron cumplidas en muy escaso grado, no logrando revertir los resultados deficitarios, ni la pérdida continua de afiliados”.

En este contexto, el gobierno presenta “como una alternativa necesaria para aplicar un plan de estabilización, la intervención de la institución con desplazamiento de autoridades”.

Por otro lado, “el 15 de octubre de 2021 la Dirección de la División Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública sugirió intimar a Casa de Galicia a los efectos de acreditar que se habían subsanado los desequilibrios económico-financieros, cuya magnitud tendría como consecuencia ineludible, en un corto plazo, el decaimiento de la atención asistencial normal que la institución debe prestar a sus afiliados, lo que se hizo efectivo por Ordenanza Ministerial N° 1544/021, de 19 de octubre de 2021, bajo apercibimiento de intervención o liquidación”.

Además, “por nota, de fecha 20 de octubre de 2021, compareció ante el Ministerio de Salud Pública el presidente de Casa de Galicia, Sr. Alberto Iglesias, reconociendo expresamente el agravamiento de las condiciones financieras, destacando que Casa de Galicia ya presentó un proyecto asociado a la solicitud de acceso al Fondo de Garantía IAMC, lo cual, junto al empleo del instrumento de cesiones de los márgenes de capitas FONASA disponibles a la fecha, a partir de marzo del 2022, darían el tiempo necesario para revertir la situación de la Institución”.

“El 26 de octubre de 2021 se expidió nuevamente la Dirección de la División Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública, señalando que el presidente de Casa de Galicia se limitó a reiterar la solicitud de apoyo económico del Estado y que, hacer lugar a la misma contrariaría por completo el principio de buena administración previsto por el artículo 311 de la Constitución de la República”, dice el decreto.