La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, envió días atrás una carta al presidente Luis Lacalle Pou, firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación, en la que le advierte que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto Nacional, según informó el diario El Observador este miércoles.
En octubre de 2020 en conferencia de prensa, legisladores de la coalición habían anunciado para 2021 la creación de tres juzgados de violencia basada en género, que estarían radicados en departamentos del interior del país.
Según informa el matutino en base a fuentes judiciales, el dinero previsto no alcanza y por eso descartaron su instalación por completo, si no se asignan más recursos.
Esta información generó criticas desde la Intersocial Feminista a la SCJ. En un comunicado, señalan que con esta decisión y a 13 días de la entrada en vigencia del Presupuesto Nacional "las mujeres vuelven a quedar atrás".
"Quedamos para atrás en materia de seguridad y acceso real a una justicia de calidad que priorice la vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes frente al mayor problema de seguridad pública que vivimos, la violencia basada en género", señalan en el texto.
"Anuncios como los de la Fiscalía General de la Nación acerca del desmantelamiento de la Unidad de Género por falta de presupuesto materializan esta realidad. Rechazamos enfáticamente que el recorte y reajuste sea en detrimento de la vida de las mujeres y de los niños niñas y adolescentes", agregan.
La Intersocial Feminista explica que los juzgados especializados "no ofrecen una solución al problema global pero permitirían canalizar al menos parte de la demanda en el norte del país donde los recursos siempre han sido escasos y mantienen, en los últimos años, una tendencia creciente de denuncias".
Además, recuerdan que esos juzgados "fueron incluidos en el marco de la discusión presupuestal y que se suponían posibles en tanto se habían calculado costos, asignado partidas y reorientado recursos".
"Juzgados especializados que la Suprema Corte de Justicia consideraba viables y anteponía a los Juzgados Multimateria que propuso derogar aunque no tuvo éxito", recuerda la organización.
"Nos preguntamos una vez más ¿dónde radica la falta de empatía y compromiso institucional de la Suprema Corte de Justicia con la violencia basada en género?", cuestiona la Intersocial.
Además, sostienen que les "preocupa y alerta la falta de responsabilidad de un poder estatal en el cumplimiento de los cometidos que una ley le asigna según el orden jurídico vigente".
"¿Acaso no está en riesgo la calidad democrática cuando un poder del Estado no cumple con sus obligaciones y desconoce las responsabilidades que le competen?", señala la organización en el comunicado.