Interrupción voluntaria del embarazo: “A mí también me pasó”

Por Macarena Pereyra 

“Fue en el año 2016, yo tenía 19 años”, explicó Agustina. Su nombre, y el del resto de las mujeres, fueron cambiados para cuidar su identidad. “Por un lado, sentía que tenía muchísimas cosas por vivir antes de tener hijos y, por otro, me preguntaba por las oportunidades que le podría llegar a dar a ese hijo. Estaba y estoy convencida de que en un futuro voy a tener muchas más herramientas para poder ser la madre que me gustaría ser en algún momento”.

En la misma línea que Agustina, Carla explicó que no se sentía preparada, aunque ella tenía 26 años: “No sentía esas ganas de ser madre, ni de tener que darle ese giro tres sesenta a mi vida. Estaba a nada de terminar mi carrera. Me gustaría que el momento de ser madre sea el momento que yo elija”.

En octubre de 2022, se cumplen diez años desde la promulgación de la Ley Nº 18.987, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esa ley, que es más bien conocida como “la ley del aborto”, explicita en el artículo 2 que el proceso de IVE ya no será penalizado, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se establecen en el resto del texto y que se realice dentro de las primeras doce semanas de gestación. También, entre otras cosas, en el artículo 13 se explica que esta ley solo rige para las ciudadanas “uruguayas naturales o legales”, o las que acrediten “fehacientemente su residencia habitual” en nuestro país durante, al menos, un año.

En el artículo 3: (Requisitos) dice que la mujer “deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso.”

¿Y si la mujer simplemente no quiere continuar con el embarazo?

¿Si no existen penurias económicas, sociales, familiares, ni etarias involucradas en su criterio para dicha decisión?

De manual

El Ministerio de Salud Pública creó el “Manual y Guía Técnica para la Interrupción Voluntaria del Embarazo” en el año 2013, que se actualizó en mayo del 2016, (conocida como segunda edición corregida). Las autoridades en ese entonces eran el Dr. Jorge Basso, como Ministro de Salud Pública, y la Dra. Cristina Lustemberg, como Subsecretaria. En la Dirección y Subdirección General de la Salud estaba el Dr. Jorge Quian y la Dra. Raquel Rosa, respectivamente. La Dra. Ana Visconti del Área Programática Salud Sexual y Salud Reproductiva y el Dr. Rafael Aguirre del Área Programática Salud Integral de la Mujer.

Del Manual se desprende el proceso general o “Mapa de ruta”, como aparece nombrado. Allí se describen las cuatro etapas del IVE separadas en consultas médicas numeradas. La primera consulta, es cuando y donde la mujer expresa su deseo de interrumpir el embarazo frente a un médico (general o especialista) o bien frente a una obstetra partera. En esta parte del manual se manifiesta claramente que el personal médico debe poner, ante todo, la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y el libre ejercicio de sus acciones, y dejar de lado sus creencias o valores morales personales.

En un comunicado de prensa emitido el 9 de marzo de este 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó una actualización de las directrices sobre el aborto para “ayudar a los países a prestar una atención que salve vidas”. La versión anterior data del año 2012. La OMS estima que son 25 millones los abortos inseguros que se realizan por año y que, la gran mayoría, son en países en vías de desarrollo.

Según los datos extraídos de la página oficial de la Organización, aproximadamente 39.000 mujeres y niñas mueren al año por practicar abortos inseguros: son una de las principales causas de morbimortalidad materna. De estos datos y otros estudios realizados por la Organización, los especialistas concluyen que restringir y castigar el acceso al aborto no reduce el número de casos, sino que empuja a mujeres y niñas a realizarlos por métodos que ponen en peligro su salud y muchas veces su vida.

La OMS categoriza a la “imposibilidad de acceder a una atención para el aborto segura, oportuna, asequible y respetuosa”, como una violación de los derechos humanos y un problema grave a tratar a nivel de salud pública. Y explica que las leyes que limitan las posibilidades de tener un aborto seguro pueden, además, causar “malestar y estigmatización y representar para ellas una carga económica”.

Las consultas

En Uruguay, el primer paso que se debe dar para realizarse un aborto seguro es concurrir a una consulta médica. Allí, el personal médico debe realizar a la solicitante una ecografía para confirmar el embarazo, un análisis de sangre, y comenzar el formulario correspondiente, donde se indique la fecha, lugar y hora de la segunda consulta, que será con un equipo interdisciplinario, formado por un ginecobstetra, especialistas del área de salud mental y del área social. Por protocolo y con el fin de que no se extiendan los plazos más de lo debido, esta segunda consulta debe ser el mismo día o el siguiente a esa primera consulta.

Paula explicó que en el momento de comenzar con el proceso de IVE, unas horas después de hacerse un test en su casa y que le diera positivo, se sintió en shock. “Creo que empecé el proceso por inercia. En la primera consulta me encontraba sola”, afirmó. “Igualmente ,me sentí muy contenida por las enfermeras y la ginecóloga se sentó conmigo y me explicó todos los pasos a seguir y me repitió varias veces que podía dar marcha atrás cuando yo quisiera”.

En la segunda consulta el equipo interdisciplinario “deberá informar a la mujer de lo establecido en esta Ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”.

Según lo relatado por Agustina, esta instancia le pareció “bastante incómoda” porque fue atendida por un médico varón. Siente que hubiera sido diferente con una mujer. “Lo primero que me preguntaron fue qué métodos anticonceptivos estaba utilizando y por qué quedé embarazada. Lo segundo fue cómo pensaba seguir cuidándome. Al rato entendí lo importante que eran estas preguntas y lo importante que era hacer que yo misma me cuestionara el por qué había llegado a esta situación y cómo hacer que no vuelva a pasar como primera instancia”, reflexionó.

En el caso contrario, Paula sintió que la juzgaron por la edad que tenía. “No me sentí del todo cómoda con el equipo interdisciplinario, sentí que ponían en tela de juicio mi decisión. Me dieron pila de información en todo lo relacionado al proceso, eso sí, pero sentí que ellas querían que yo cambie de opinión, porque me preguntaban todo el tiempo por mi pareja, y lo que quería él”.

Carla expresó que, aunque sintió que le estaban dando toda la información posible, en el momento no hizo preguntas “porque estaba un poco en shock, escuché todo lo que decían: que tenía que ir a la asistente social y a la psicóloga y demás. Como tenía algunas dudas sobre la decisión, lo que hice fue nunca parar, me anoté a todo y lo hice de un tirón”, afirmó. “Después tuve un segundo acercamiento y ahí sí pude preguntar, tuve unas dudas respecto al dolor y otras cosas, me daba un poco de miedo llegar a tener sentimientos de culpa”.

Según la Ley, el equipo debe ayudar a la mujer a “superar las causas que puedan inducir a la interrupción del embarazo” y brindarle toda la información necesaria para que tome una decisión “consciente y responsable”. Luego de esta consulta, la mujer tiene que esperar cinco días para tener la tercera consulta. Estos días son “de reflexión” para la mujer.

¿Lo son?

Excepciones a la regla

En el manual se tienen en cuenta tres tipos de casos, según las situación: por un lado, las mujeres “que manifiestan su decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo, mayores de 18 años o menores habilitadas”, en otro caso, “mujeres menores de 18 años no habilitadas que manifiesten su decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo” y en tercer caso mujeres que han sido declaradas incapaces judicialmente, y “cuyo curador/a solicita la interrupción voluntaria del embarazo”.

Hay tres tipos de casos que son tratados como “excepcionales”, donde se requiere la aprobación de la mujer, pero no la participación obligatoria del equipo interdisciplinario: violación, riesgo grave de salud para la mujer y mujeres a las que se les identifique y verifiquen “malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina”.

Tiempo de reflexión

“En esos cinco días yo me enloquecí un poco, y mi pareja también”, contó Carla. “No podíamos parar de pensar, hablamos muchísimo y aunque ya lo teníamos decidido, por momentos sentía que me iba a confundir y los días seguían pasando”. Agregó que, por otro lado, le parece positivo que exista este período de tiempo protocolar teniendo en cuenta que no todas las mujeres hacen los procesos de la misma forma.

La experiencia de Agustina fue similar. Hoy lo considera como parte necesaria del proceso para poder tomar consciencia de la situación por la que estaba pasando: “Por un lado estuve bastante angustiada, pero también me dio tiempo para hablarlo más con mi pareja, prepararme más para lo que se venía y pensar bien cómo y con quién quería hacerlo”.

“Mi opinión personal es que no está ni bien, ni mal. No veo mal que la persona se tome unos días para pensar, después que uno le explica los procedimientos y todo... Es como yo siempre digo: que exista una ley de interrupción voluntaria no te obliga a abortar; esos días también te dan la oportunidad de reflexionar si de verdad es eso lo que querés o no”, explicó Grazzia Rey, ginecóloga grado 4 del Hospital de Clínicas.

También reflexionó sobre el momento político en el que fue promulgada la norma, afirmó que esta cláusula puede haber sido un poco “para que saliera con el respaldo de algunas personas que tenían situaciones religiosas en el medio que no los dejaban votar otra cosa”. Señaló que la norma se aprobó “por un voto justito”, y que hubo mucha gente que se retiró de la sala para no votar. “Es un tema difícil, y cualquier Ley va a tener sus defectos, lo importante es que tenemos una”, concluyó Rey.

Existen casos más extremos como el de Paula, en el que llegó a ver comprometida su salud mental por el estrés que le producía la espera y la incertidumbre, “en el día tres de los cinco de reflexión, tuve que ir a emergencia por un ataque de pánico”, contó y aseguró que, una vez calmada, cuando pudo contarle a la doctora de guardia la situación, ella le dijo que también le parecía que era “polémico” el asunto de los cinco días de reflexión indicados por ley. “Yo no paraba de preguntarme cosas y de sentir que el embrión seguía creciendo contra mi voluntad dentro de mí, quería salir de esa situación lo antes posible, pero solo empeoraba día a día”, expresó Paula.

Con respecto a casos como el de Paula, Rey planteó que entiende que puede haber mujeres “que sienten como que están cursando un calvario esos 5 días” y opina que, si en algún momento la ley se revisa, se podría decir: “de acuerdo a las circunstancias, si la mujer quiere los 5 días de reflexión se los damos, si no, se procede. Podría ser así -afirmó-, pero lo que hay hoy, es esto”.

Punto y aparte

El caso de María fue particular y ella es consciente de eso. Quedó embarazada cuando tenía 20 años y decidió interrumpir la gestación. La ley todavía no estaba promulgada y tuvo que tomar la medicación dos veces, ya que la primera vez no hizo efecto, algo que puede ocurrir y que el personal médico te advierte. Luego, tuvo que realizarse una intervención médica (legrado) para concretar el IVE.

“La interrupción de mi embarazo fue previo a que existiera la cláusula de los cinco días para reflexionar, entonces no puedo dar una opinión desde la experiencia propia, pero sí considero innecesario. Es una decisión muy fuerte y difícil de tomar y creo que cuando una llega a solicitar la IVE la decisión está hecha”.

A pesar de todas estas circunstancias, María se sintió muy cuidada “sobre todo por las enfermeras” del centro médico y por su madre que la acompañó en todo momento. Y aunque no tuvo el apoyo del equipo interdisciplinario, ni tiempo para pensar, ya que cuando se enteró de su embarazo tenía once semanas y los médicos decidieron actuar rápidamente, opina que recibió toda la información necesaria para el momento que era.

“Dadas las condiciones de las miles de mujeres que accedían a abortos clandestinos previo a la ley, sé que mi experiencia es la excepción y no la regla, esto se dio solamente porque mi pareja de ese entonces tenía los recursos para poder pagar tanto el misoprostol como la intervención”, sentenció.

Los objetores

En el artículo 11 de la Ley, “Objeción de conciencia”, se explicita que “los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos (...) deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen. La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña.”

Es decir que, por si alguna razón, sea moral, religiosa, ideológica u otra, el personal de salud se niega a realizar un IVE, puede hacerlo sin otra justificación. Estos objetores solo son obligados a participar cuando “la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer”, según explica el artículo 6 de la misma Ley.

En Uruguay, existe una situación especial en el departamento de Salto donde, según Rey, casi todos los ginecólogos son objetores. La doctora aseguró que se debe hacer un seguimiento y un estudio por parte del Ministerio de Salud Pública sobre estos casos para ver “qué está pasando en esos equipos”.

“Cuesta creer la situación, tiene que ir alguien de otro lado, lo que deja mucho más en evidencia a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo, o se tienen que ir del departamento y pasar una semana en otro lado, lejos de sus hogares, es un asunto que hay que trabajar”, zanjó.

Grazzia Rey trabaja en las policlínicas de IVE del Hospital de Clínicas desde que se implementó el decreto reglamentario en el año 2012-2013. Cuando comenzó, eran muy pocos los y las ginecólogas no objetoras. En ese entonces, se contrató a un médico específicamente para que el Hospital Universitario tuviera su policlínica de IVE, “sin importar quién era el grado cinco, quién era el grado cuatro, quién estaba de acuerdo y quién no porque era una ley”, relató Rey.

“Hay que destacar que el Decano en ese momento era Fernando Tomasina, nos apoyó. Fue una lucha importante porque teníamos una larga lista de objetores en ese momento y el principal objetor era el Grado 5 y éramos solo dos personas no objetoras. Pero la Facultad nos apoyó para poder cumplir con la ley, venimos trabajando bien, con todo lo que necesitamos y sin malos resultados”, finalizó.

Y ahora, ¿qué hago?

“Y, en realidad, aunque creo que me dieron toda esa información, también creo que faltó un poco el ‘qué esperar’ en el momento”, explicó Carla. “Me faltó eso, no sabía si me iba a dar cuenta de verdad cuando me fuera a salir el feto y cuando empecé a sangrar no sabía si ya había salido, o si tenía que esperar algo más, ahí siento que me faltó información”, subrayó.

Transcurridos los cinco días, la mujer concurre a la tercera consulta, donde expresa su decisión al equipo interdisciplinario: si decide continuar con el IVE o si cambió de opinión y decide cancelar el proceso y continuar con el embarazo. También podría ocurrir que la mujer quiera continuar el embarazo pero “considerar la opción de iniciar un proceso de desvínculo”, es decir, dar en adopción al bebé.

Si la mujer decide continuar con el IVE, se le informa del procedimiento, usualmente farmacológico, con sus pro, sus contras y todo lo que tiene que ver con síntomas y señales a las que estar alerta. Luego se le entrega un documento para que firme un “consentimiento informado”. La mujer se queda con una copia de este y debe agendarse para una cuarta y última consulta del IVE, donde se controla que el proceso haya salido bien. Y, según informa el manual, “brindar contención psicosocial si lo requiere”.

“Nadie va muerta de risa a interrumpir un embarazo. Una va porque no quiere tenerlo, pero eso no quiere decir que eso no genere en las personas sentimientos de culpa, de fracaso, de malestar, de sentir que hicieron algo que no debían”, explicó Rey en cuanto a las consecuencias psicológicas que conlleva la realización de un IVE.

Es entonces cuando se realiza la última consulta, el IVE 4, dónde se le realiza una ecografía la mujer para verificar que el procedimiento haya salido bien. “No hay un apoyo generalizado después de la consulta. En el IVE 4, en realidad, en lo que nos preocupamos más es en que esté todo bien desde el punto de vista biológico y del método anticonceptivo que van a usar a partir de entonces”, afirmó la ginecóloga. Sin embargo, aclara que está la opción en los equipos interdisciplinarios, pero no se cumple en muchos casos, aunque debería.

Tanto Carla como Paula manifestaron haber tenido sentimientos encontrados a la hora de tomar la decisión de hacerse el IVE, si bien al momento de comenzar con el proceso sentían que estaban seguras también hablaron de haber pasado por un “estado de shock”, y de hacer el procedimiento “sin pensarlo mucho”, o “por inercia”, porque sabían que por más dudas que tuvieran, en el fondo era lo que querían.

“Esas mujeres quedan como en un limbo porque capaz que el problema no es sólo interrumpir, sino mujeres que tuvieron que hacerlo porque sentían que no era el momento, pero tampoco están muy felices. Por eso el aborto es un asunto muy complejo. Es una cuestión de que uno quiere hacerlo, pero después que lo hace puede haber culpa, y la hay”, afirmó la ginecóloga.

Para la especialista, se debería hacer hincapié para que haya un seguimiento psicológico junto con el ginecológico. “Promocionar este apoyo psicológico en el IVE 3, ofrecerles a las mujeres más apoyo psicológico para que se sientan menos desamparadas, teniendo en cuenta que es una decisión muy difícil, que también afecta a su entorno y que van a vivir toda la vida con ella”.

El aborto en América Latina

Según la OMS, tres de cuatro países tienen “sanciones legales” a la hora de evaluar la realización de un IVE. Estas pueden ir desde prisión a multas, para la persona o para quienes asisten el procedimiento. “En los países donde el aborto está más restringido, solo uno de cada cuatro abortos es seguro, en comparación con casi nueve de cada diez en los países donde el procedimiento es ampliamente legal”, indica el comunicado de la OMS.

En nuestro continente, Uruguay ha sido, dentro de todo, vanguardista. El primer país del territorio en despenalizar el proceso y darle libertad y autonomía a las mujeres sobre sus cuerpos fue Cuba, en 1965. Colombia ha sido el último país hasta el momento en despenalizarlo, en febrero de este año. Con la nueva legislación, se permite la interrupción hasta la semana 24 de gestación, mientras que en la mayoría del resto de los países latinoamericanos está permitido el proceso entre las 12 y las 14 semanas.

Luego, en orden cronológico aparece Puerto Rico en 1973, las Guyanas en 1997 y 2008, Argentina a finales de 2020, -después de una ardua militancia por parte del movimiento feminista- que permite la interrupción hasta la semana 14 de gestación. El caso más complejo es el de México, donde la legislación cambia según los Estados. Hasta el momento, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero, es legal la interrupción voluntaria del embarazo sin más condiciones, pero estos son 8 de 32 estados.

Sin embargo, estos son muy pocos países en comparación con el total del continente: en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana existe una prohibición sin excepciones en cuanto al IVE. Mientras que en otros países como Paraguay, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador, tienen restricciones para la realización del procedimiento que van desde violación, malformación del feto, riesgo de vida de la mujer, incesto, entre otras causales, para evaluar la situación.

Foto: Dante Fernández - FocoUy (archivo)

¿Qué tiene Amnistía para decir?

Amnistía Internacional publicó en el año 2020 una política actualizada que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo “practicado de manera que respete los derechos humanos, la autonomía y la dignidad, como un derecho de todas las personas que pueden quedarse embarazadas”, además de su acceso universal, información y despenalización total.

Según los datos que maneja la organización, por lo menos hasta esa fecha, era que alrededor de 47.000 mujeres fallecían por año por abortos “en condiciones de riesgo”, lo que muchas veces llamamos abortos clandestinos. La política que publicó Amnistía tiene el respaldo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, una organización benéfica registrada en el Reino Unido, que representa a 132 países y territorios en materia de medicina profesional.

El procedimiento de IVE debe “recibir la misma consideración que cualquier otro servicio de salud, y toda persona que intente acceder a un aborto debe ser tratada con compasión y dignidad y respetado sus derechos humanos”, afirmó Rajat Khosla, director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional, quien tiene un Máster en Derechos Humanos y fue asesor de derechos humanos en la OMS

Algunos de los datos más importantes a destacar sobre el informe de Amnistía son que pide como derecho el acceso de manera universal y sin riesgos al procedimiento de IVE para todas las personas que puedan quedar embarazadas. A su vez, “reconoce que las decisiones relativas al embarazo y el aborto repercuten directamente en la totalidad de los derechos humanos”. Pide que se cambien las políticas que limitan y restringen el acceso al IVE en algunas situaciones y pide a los Estados “que hagan efectivos los derechos económicos y sociales mediante la promoción de políticas que empoderen a las personas embarazadas para tomar decisiones libres sobre su vida reproductiva (...)”.

Según Khosla, “el aborto no es un asunto aislado” y prohibir el derecho o coartar la autonomía sobre los propios cuerpos de las mujeres “perpetúa la desigualdad económica y de género, y afianza el estigma y la discriminación” hacia ellas. Para el investigador, los enfoques punitivos “no abordan las muchas cuestiones sociales, económicas y personales que conforman las decisiones de las personas de poner fin a un embarazo”.

“Creo que me tocó un buen equipo, que demostraron preocupación y respeto por la situación que estaba viviendo y me hicieron sentir segura. Se aseguraron de que fuese mi decisión y de que estuviese acompañada a la hora de hacerlo. Y hasta el día de hoy cuento esas dos preguntas primeras que me hicieron, como algo muy positivo. No solo me informaron, sino que mostraron preocupación en que yo genere conciencia sobre cuidarme y en prevenir que alguna vez me sucediera de nuevo. Creo que suprimí muchas cosas porque fue un proceso muy doloroso, pero hoy, por suerte, siento que puedo contar mi experiencia con total libertad”, afirmó Agustina.