El Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, junto a la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno de Montevideo, Alicia Ghione, y a la fiscal adscripta, María José Brisco, lograron desarticular un prostíbulo clandestino en el barrio Bella Vista.
Mediante la investigación, denominada Apolo, se llegó a la información de que una de las dos personas implicadas sería el administrador de un conocido sitio web destinado al ofrecimiento de trabajo sexual.
Por su parte, a los investigadores les llamó atención que varias publicaciones tenían el mismo número de contacto, “siendo esto un claro indicador de que, posiblemente, las mujeres de dichas publicaciones estuviesen siendo regenteadas por terceras personas”, informó el Ministerio del Interior.
Las mujeres que publicaban en el sitio web trabajaban en el prostíbulo clandestino. Además, los investigados no solo obtenían un beneficio económico de la explotación sexual, sino también mediante la imposición de sanciones económicas por diversos causales.
El modus operandi era la fidelización de la víctima de explotación sexual con el local mediante la utilización de vínculos afectivos, ya que a través de la investigación se comprobó que uno de ellos mantuvo una relación de “noviazgo” con, por lo menos, tres de las víctimas, pero quedó de manifiesto que esto solo era una forma “más de control”.
A su vez, los imputados controlaban la actividad de las mujeres mediante temporizadores a fin de que estas no excedieran los tiempos de atención con los clientes y las obligaban a concurrir a trabajar incluso cuando tenían el período menstrual.
Por otro lado, el ministerio dijo que los hombres manipularon a una de las trabajadoras para que fuese la cara visible del negocio, así ellos se mantenían al margen.
La Policía allanó el prostíbulo e incautó: dos revólveres calibre 38; nueve municiones calibre 38; un vehículo; 15.242 pesos uruguayos; tres celulares; dos torres de computadora; un disco duro; dos cámaras fotográficas; tres temporizadores y lencería.
En los dispositivos se encontró “una enorme cantidad de imágenes de mujeres que a lo largo del tiempo han pasado por el local”.
Esto desencadenó otra línea de investigación con el fin de averiguar si algunas de ellas eran menores de edad.
La Justicia imputó a F. M. M. L. “como presunto autor por reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, con un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación, todos en régimen de reiteración real” y a D. M. S. C. “como presunto autor de reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y un delito de tráfico interno de armas y municiones, todos ellos en régimen de reiteración real”, disponiendo en ambos casos prisión preventiva efectiva por 150 días.