El Congreso de Intendentes sesiona este jueves y espera recibir la propuesta oficial de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre las partidas para las comunas en el próximo quinquenio, algo que hasta ahora conocen de forma extraoficial.

En el plan gubernamental de reducción de gastos, lo cual ya fue aprobado para la mayoría de las áreas de la administración central, también implicaría una reducción de transferencias hacia las intendencias. Esta no es la única preocupación de los intendentes, ya que los frenteamplistas también critican la "dudosa legalidad" de algunas condiciones que establecería el gobierno central, a través de la OPP, a las comunas.

Montevideo Portal conversó con el intendente de Paysandú, el frenteamplista Mario Díaz, quien dijo que "el Congreso de Intendentes definió una hoja de ruta" que contenía las demandas de los gobiernos departamentales para plantear a la OPP, y que la propuesta que manejan de la OPP de manera extraoficial "está muy lejos de las expectativas" planteadas en la "hoja de ruta".

"Hay tres aspectos que, por lo menos para los intendentes del Frente Amplio, son negativos. Uno son los compromisos de gestión que se establecen, o sea, se les exige a las intendencias que cumplan ciertos compromisos como reducir la plantilla de trabajadores e incrementar la Contribución Inmobiliaria", dijo Díaz.

En cuanto a las condiciones planteadas en este primer punto, Díaz expresó que "son de discutible legalidad en la medida en que podrían estar violando el principio de autonomía de las intendencias".

"El segundo aspecto que consideramos que no es de recibo es el que tiene que ver con la forma de modificar las alícuotas que cada intendencia percibe" en relación al presupuesto del gobierno central. "Una vez que se establece el monto total de esas partidas cada intendencia tiene hoy una alícuota que se estableció hace ya unos cuantos años en función de criterios como el nivel de desarrollo del departamento, la riqueza por población, la extensión, las necesidades básicas insatisfechas", entre otras, mencionó. Díaz aseguró que "modificar esas alícuotas" necesitaría "generar un consenso nuevo dentro del Congreso".

"El tercer aspecto de difícil aceptación", dijo Díaz, "tiene que ver con que lo que establece la Constitución", que es una derivación del 3,33 % de los ingresos totales del Estado hacia las intendencias. El Congreso "había planteado en la hoja de ruta" que se estableciera un "piso mínimo por si cae la recaudación producto de esta situación" actual. Sin embargo, según afirmó, "eso estaría en discusión" ya que la propuesta conocida hasta ahora de la OPP implicaría que, en caso de otorgarse ese piso mínimo, sería en forma de "adelanto de un préstamo" y no como una partida definitiva.

Díaz dijo que las medidas establecidas en el plan, en su conjunto, "son francamente regresivas". Señaló que la exigencia de incrementar los ingresos a base de reducción de la plantilla y aumento de la Contribución Inmobiliaria "significarían un mazazo desde el punto de vista tributario para la población", y que "se apunte a recortar por un lado muy sensible como es el de recursos humanos, en un momento donde la situación laboral está muy complicada, es muy negativo".

"En estos 15 años las transferencias a los gobiernos departamentales crecieron en términos reales un 134 % cuando los ingresos del Estado, del gobierno nacional, subieron un 80 y pico %. Las transferencias crecieron significativamente, entonces vemos con mucha preocupación que ese proceso de crecimiento se interrumpa", puntualizó.

Según informó el diario El Observador, los intendentes blancos y colorados, que conforman una mayoría, están dispuestos a apoyar la propuesta de la OPP.