Este martes 23 legisladores del Frente Amplio (FA) y la presidencia de la fuerza política mantuvieron una reunión en la Huella de Seregni y en posterior conferencia de prensa plantearon propuestas ante la emergencia sanitaria para el primer semestre de 2021.
En un documento con los planteos, a los que accedió Montevideo Portal, desde el FA señalan que "los recursos volcados por el Estado en 2020 han sido limitados e insuficientes, tanto en relación con las necesidades básicas como en cualquier comparativo internacional".
"El paso del tiempo, el aumento de casos de COVID 19 y los crecientes impactos sociales y económicos hacen necesario tomar más medidas", añaden.
El FA concentra su propuesta en "cinco bloques" y uno de ellos se focaliza en la necesidad de un ingreso básico de emergencia.
"La pandemia ha generado impactos relevantes desiguales en la actividad económica, afectando sobre todo a sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social, entre otras características", explican en el documento.
En ese sentido, consideran que "el gobierno ha hecho aportes insuficientes a este grupo poblacional (aumento de TUS, aumento de AFAM y bonos canasta) que, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han significado un promedio mensual de 15 millones de dólares y un promedio/mes por persona de 769 pesos".
Desde el FA proponen que a estos hogares "se les otorgue un subsidio a efectos de que su ingreso mensual alcance un salario mínimo líquido durante los próximos 4 meses de 2021 (marzo a junio), con posibilidad de extenderlo de ser necesario".
También proponen la suspensión de los "lanzamientos y cortes de servicios, y diferimiento de cuotas/vivienda y pagos de los servicios para los sectores más necesitados".
Plantean para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, "suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias de MVOTMA, ANV, y BHU entre marzo y junio de 2021".
Además, "suspender los cortes de servicios de luz, agua e internet y diferir el vencimiento de tarifas de UTE, ANTEL y OSE en lo que refiere al consumo básico". "En todos los casos que corresponda, los diferimientos se pagarán en cuotas sin moras ni intereses", agregan en el documento.
Por otro lado, creen necesario un "subsidio al alquiler para garantizar la permanencia en la vivienda, de hasta 3 BPC dirigido a trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, tomando en especial consideración los hogares monoparentales, familias con hijos menores de 12 años y familias con hijos discapacitados".
Con respecto al seguro de desempleo, plantean "aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional".
También consideran que se debe "flexibilizar el hecho de que entre dos accesos al seguro de paro deban transcurrir 12 meses".
Para los trabajadores con multiempleo se propone "que el trabajador cobre lo correspondiente al empleo perdido a pesar de tener otro empleo".
Además, plantean que "en materia laboral, en el marco de los recursos de INEFOP, se realice una inversión en capacitación laboral y en políticas activas especialmente dedicada a los trabajadores que perciben el ingreso básico de emergencia, con especial énfasis en jóvenes y mujeres".
Con respecto al apoyo a las micro y pequeñas empresas proponen "diferir vencimientos de DGI y BPS a estas empresas".
"Dicho diferimiento será por 60 días, renovable por otros 60 días. Luego se pagarán en cuotas a definir de acuerdo a la realidad de cada sector, sin incluir moras ni intereses por dicho diferimiento", señalan en el documento.
Consideran necesario "atender al sector turístico" y plantean la creación de un "fondo especial para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector".
En el último bloque de estas cinco propuestas plantean adelantar la inversión pública y apoyar a la inversión privada en infraestructura y vivienda.
En este punto plantean "preparar un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública tal como se hizo frente a la crisis internacional de 2008-2009".
También consideran que se deben "adelantar obras e inversiones en vivienda del presupuesto nacional para ejecutar en 2021, llevándolo de un orden de 20 mil millones pesos a 40 mil millones de pesos, es decir mil millones de dólares".
Y creen que se "favorecer la inversión privada directa con incentivos transitorios mayores".
Desde el FA señalan que el costo total de las medidas representa un equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sostienen que "el costo final para el Estado va a ser menor, dado que estas medidas que reactivan la economía van a generar ingresos que retornan a las arcas públicas en materia de aportes previsionales, pagos menores de seguros de desempleo, mayores ingresos de IVA por mayor consumo, entre otros".