El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó un informe sobre el incendio ocurrido en el módulo 4 de la Unidad Nº 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación el 9 de diciembre pasado en el que hubo cuatro muertos, donde señala la importancia de que el Estado asuma su “responsabilidad jurídica ante carencias estructurales crónicas persistentes en el tiempo”.

El informe que realizó Petit señala que el país tiene carencias en el sistema penitenciario, “de larga data, inexplicables para el nivel de desarrollo social del país”. En ese sentido, considera que “el Estado es responsable de custodiar la vida de las personas privadas de libertad, debiendo demostrar siempre que actuó con la máxima diligencia y volcando los recursos disponibles según su nivel de desarrollo para asegurar mínimos básicos que permitan evitar y prevenir accidentes o hechos dañinos”.

“La falta de personal suficiente y con capacidad de observación, control y vigilancia para actuar en pocos minutos ante emergencias extremas, es una de las materias pendientes en buena parte del sistema penitenciario desde hace mucho tiempo. Un desenlace accidental de una cadena de sucesos, no debe hacernos olvidar el origen y la concatenación de esos hechos, que muchas veces los generan y explican”, agrega en el reporte.
 
El documento señala que “muy pocas cárceles del país tienen habilitación de Bomberos”, punto que —indicó— ha sido un reclamo de esa oficina desde que iniciara su gestión con Álvaro Garcé como titular. “Es un reclamo histórico de esta oficina, comenzado a poco de ella ser creada, que todas las cárceles del país cuenten con habilitación de Bomberos. Ante los hechos aquí señalados, corresponde reiterar que todas las unidades penitenciarias deben tener habilitación de Bomberos para certificar que el Estado ha hecho todo lo necesario para asegurar estándares mínimos que puedan prevenir un desastre”, señala Petit.  

Asimismo, en momentos en que se están diseñando nuevas unidades penitenciarias, el comisionado cree que “es necesario que además de las medidas de prevención del fuego que corresponden, se tome en cuenta, en el diseño de las celdas, la idiosincrasia y las características culturales de la población uruguaya, para evitar el recurso de instalaciones clandestinas o irregulares”. 
 
En sus conclusiones y recomendaciones, el documento señala que, dado el desarrollo de los hechos y ante “la histórica falta de personal en los puestos de vigilancia, corresponde resarcir a las víctimas o sus familias”.

“Corresponde resarcir el daño moral sufrido por las víctimas y sus familiares. Es ineludible técnicamente, tanto desde la dimensión de la seguridad como de la dimensión de la rehabilitación, la existencia de puestos de control y observación en los celdarios, tal como fueron diseñados en su origen y cómo funcionaron durante una época, de manera de contar con una visión, detección y respuesta rápida ante emergencias”, añade el informe.

“El Estado debe avanzar en su propia transformación, asumiendo la responsabilidad civil que le corresponde por carencias que son estructurales y endémicas, cumpliendo los estándares mínimos —control, vigilancia, cuidado— para los cuales tiene un grado de desarrollo suficiente capaz de asegurarlos”, concluye Petit.