Informe de abusos sexuales en iglesia francesa centra atención en sacramento de confesión

Por The New York Times | Norimitsu Onishi and Aurelien Breeden

El secreto absoluto de confesión es un tema fundamental en la Iglesia católica romana. Lo que se dice durante la confesión es algo entre el penitente y Dios, con el sacerdote de intermediario. Cualquier sacerdote que rompa el sigilo puede ser excomulgado, de acuerdo con las leyes de la Iglesia que el Vaticano pone por encima de todas las demás.

¿Pero qué ocurre cuando lo que se confiesa tiene que ver con una transgresión de las leyes del Estado?

Este es un asunto que ha dificultado los intentos por solucionar los casos de abuso sexual que enturbian la Iglesia en muchos países, pero es especialmente delicado en Francia, donde hace mucho tiempo el Estado le retiró su preeminencia a la Iglesia católica.

En un informe devastador ordenado por la Iglesia y publicado en octubre por una comisión independiente acerca del abuso sexual dentro de la Iglesia católica de Francia se descubrió que, en algunos casos, el sacramento de la confesión había sido utilizado para encubrir el abuso sexual.

A algunas víctimas que deseaban informar sobre abusos sexuales en el pasado o exponer a los sacerdotes abusadores en la actualidad se les dijo que hablaran de ello durante la confesión, lo que, en la práctica, acallaba sus revelaciones y convertía ese sacramento en un “arma para silenciar”, señaló Laëtitia Atlani-Duault, integrante de la Comisión Independiente para Investigar los Abusos Sexuales que redactó el informe.

“El hecho de que esta información sea escuchada durante la confesión eximiría a la Iglesia de someterse a las leyes de la República”, explicó.

El informe recomendaba que debería pedírseles a los sacerdotes que, si durante la confesión escuchan acerca de algún abuso sexual, denuncien estas irregularidades ante las autoridades del Estado a fin de que los abusadores “ya no se sientan protegidos por los dirigentes de la Iglesia”, señaló Atlani-Duault, una antropóloga que imparte clases en el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Universidad de París, y en la Universidad de Columbia.

Aun así, la mañana posterior a la publicación del informe, Éric de Moulins-Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, reiteró la postura del Vaticano sobre el secreto absoluto de confesión y manifestó que las leyes de la Iglesia están “por encima de las leyes de la República”.

Este comentario provocó un fuerte rechazo del gobierno francés. De manera inmediata, Gérald Darmanin, ministro del Interior, citó al arzobispo en un acto que estuvo cargado de un simbolismo que indignó a algunas autoridades de la Iglesia católica.

Luego de una reunión en la oficina del ministro, el arzobispo habló en un comunicado acerca de “conciliar el carácter de la confesión con la obligación de proteger a los niños” y se disculpó por su “torpe manera de expresarse”.

Pero no dio marcha atrás a la postura de la Iglesia sobre el secreto de confesión. Darmanin reiteró la posición del gobierno con respecto a que los sacerdotes deben informar de cualquier abuso infantil, aunque no llegó a señalar que estaban obligados jurídicamente a hacerlo.

Estos desacuerdos acerca del secreto de confesión se han presentado en varios países que han reconocido abusos sexuales en sus iglesias, pero la mayor parte de los conflictos siguen sin resolverse. En los últimos años y gracias a la presión, el Vaticano ha eliminado o suprimido algunas de sus políticas de confidencialidad, pero ha permanecido firme en cuanto a la confesión.

En Australia, una comisión real recomendó en 2017 solicitar a los sacerdotes que informaran cada vez que escucharan sobre abusos sexuales durante la confesión, y varios estados ya han aprobado leyes en ese sentido, pero las autoridades de la Iglesia se han rehusado a cumplir. En Estados Unidos, solo unos cuantos estados se han negado a aprobar una exoneración religiosa de las leyes que ordenan la denuncia obligatoria.

No obstante, este tema tiene una resonancia especial en Francia, la cual vivió una larga y controvertida separación de la Iglesia y el Estado.

“Podemos decir que la Iglesia no está preparada para reconsiderar este dogma”, Jean Castex, el primer ministro de Francia, les dijo a los reporteros el mes pasado durante una visita al papa Francisco en el Vaticano, de acuerdo con los medios de comunicación franceses. “Pero debemos encontrar alguna manera de conciliarlo con la legislación penal y los derechos de las víctimas”.

Thomas Poussier, un sacerdote católico que ha escrito sobre la confesión, mencionó que entendía por qué este sacramento había llegado a estar bajo sospecha. “Es posible que parezca una enorme lavadora para las almas de los agresores”, comentó.

Durante la confesión, los sacerdotes deben alentar a las víctimas a denunciar ante las autoridades externas para que el acto de la confesión no sea “el final del camino”, añadió.

El número de víctimas de abuso sexual que se calcula —de 200.000 a 300.000 en 70 años— fue producto de una proyección basada en una encuesta poblacional general, como parte de un llamado público a que las víctimas ofrecieran su testimonio, y en un análisis de los archivos y de otras fuentes. La comisión entrevistó a más de 150 víctimas y obtuvo más de 2200 relatos por escrito.

Atlani-Duault, la integrante de la comisión, mencionó que ese grupo no había realizado un análisis cuantitativo que mostrara la frecuencia con que se les exhortaba a los penitentes que se confesaran cuando hablaban de abuso sexual.

Al parecer, eran poco frecuentes los casos de abuso sexual reportados durante la confesión, señaló Olivier Savignac, dirigente de una asociación llamada De la parole aux actes que abarca a varios grupos de víctimas y que se formó después del informe para presionar a la Iglesia a cambiar sus prácticas. El viernes, los obispos de Francia reconocieron que la Iglesia tenía una “responsabilidad institucional” por los abusos “sistémicos”, algo que muchas de las víctimas esperaban escuchar.

Sin embargo, Savignac explicó que los comentarios de Moulins-Beaufort apuntaban hacia un problema fundamental: que la Iglesia católica francesa, al igual que sus contrapartes de otros países, no podía cambiar de manera independiente.

“No puede haber reformas de la Iglesia católica de Francia, sobre todo acerca de algo tan importante como el secreto de confesión, sin la autorización de Roma”, afirmó Savignon. “Los obispos se esconden detrás de Roma porque saben a la perfección que su conservadurismo sirve de cortafuegos”.

Al preguntarle si las descripciones que aparecen en el informe constituían un mal uso de este sacramento, la oficina de prensa del Vaticano señaló que la información disponible sobre los casos era “demasiado escasa como para sacar conclusiones”. Cédric Burgun, vicepresidente de la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad Católica de París, aseveró que la controversia se deriva en parte de una mala interpretación del sacramento.

Burgun comentó que, en las últimas décadas, “hemos convertido la confesión en una especie de ayuda psicoemocional y espiritual” en lugar de solo confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Ahora ya casi no se usan los confesionarios que separan físicamente al sacerdote del parroquiano, añadió, y casi siempre la confesión se lleva a cabo frente a frente en una oficina.

Si la víctima habla de abuso sexual durante la confesión, “el sacerdote debería poder decirle: ‘Lo que me estás contando no es estrictamente parte de la confesión, así que mejor volvemos a hablar de eso en otro contexto para ver qué se debe hacer’”, explicó.

No obstante, algunos críticos afirman que ese razonamiento no toma en consideración lo difícil y tortuoso que podría ser ese proceso para quienes intentan denunciar algo. Bruno Py, profesor de derecho en la Universidad de Lorena en el este de Francia, mencionó que los sacerdotes franceses estaban sujetos a las mismas reglas de confidencialidad que rigen la relación médico-paciente o abogado-cliente. Los profesionales que rompen esas reglas pueden ser sancionados hasta con un año de prisión y multas de miles de euros.

Durante los últimos años, Francia ha decretado excepciones a esas sanciones, sobre todo en el caso de abuso infantil, señaló.

Sin embargo, según Py, a excepción de algunos casos poco frecuentes que involucran un peligro inminente o que amenaza la vida, la ley exime de esa obligación de notificación a los profesionales que están obligados a mantener el secreto. El precedente jurídico es dejar que ellos mismos decidan, puesto que no serán sancionados si notifican sobre abusos sexuales, pero tampoco si los mantienen en secreto.

“Está permitido denunciar, pero también no hacerlo”, comentó. “La ley lo deja a la conciencia de cada quién”.