Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República viajó a Washington a fines de enero para declarar como especialista en el juicio multimillonario entre el Estado uruguayo y la empresa Aratiri. La noticia generó polémica y el economista tuvo que dar explicaciones. Alfie sostuvo que su presencia allí era para responder sobre un informe que él elaboró para la minera. "De ahí a declarar contra el Estado uruguayo hay un abismo", dijo.

Posteriormente, el gobierno, en ese momento electo, divulgó un comunicado en el que respondía a las críticas, quienes pedían que Alfie no asuma su cargo ya que estaba de los dos lados del mostrador. "Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia", explicó el gobierno en el comunicado.

Alfie indicó algo similar luego: "Básicamente es eso, y no tiene que ver directamente (con el presente litigio) sino que es meramente un marco, pero no va a la sustancia". En ese sentido, recordó que la contienda planteada entre el Estado y la empresa consiste en "si hubo una violación del tratado, y si en caso de ser así, hubo daño, algo sobre lo que no me expido ni sabría hacerlo", aseguró.

Más de seis meses después, se conoció la resolución del juicio, que falló a favor de Uruguay. El portal de Presidencia publicó en su momento un comunicado confirmando la noticia y en él se informaba que se notificó el laudo dictado por el Tribunal Arbitral por este caso. Según destacaba el texto, el monto inicial demandante era de US$ 3.536 millones. Finalmente, el tribunal "ordenó" a la empresa demandante desembolsar a Uruguay una cifra de US$ 4.097.149,25 por los costos del juicio.

Sin embargo, el periodista Guillermo Draper del semanario Búsqueda accedió al informe realizado por el actual director de la OPP, donde contiene varias referencias a la inversión minera y Alfie fija posición, según Búsqueda, respecto a que califica para acceder a los beneficios fiscales, añadiendo que también está obligado a cumplir con las condiciones que se requieran. El informe, según Búsqueda, nombra a la empresa en 17 párrafos y también hace referencia a que el proyecto "recibió un trato distinto al que le podía corresponder" en el marco de la ley de promoción de inversiones.

"Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones de Aratirí como tal. Con base en mi análisis y experiencia, de haber sido ministro de Economía, y quien terminaba firmando las resoluciones, autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo dada la reglamentación y práctica usual", indica el párrafo 37, destacado por el semanario.

Para reafirmar lo anteriormente dicho, el párrafo 39 también da señales de lo mismo. Allí Alfie dice que, en su experiencia, no conoce casos "donde se haya denegado el beneficio a un proyecto particular", por lo menos desde el punto de vista de la inversión en sí misma, cuando sí cumple con los requisitos legales y reglamentarios. "Y en este caso, como adelanté, no veo motivos por los cuales Aratirí no hubiera obtenido beneficios fiscales bajo el decreto 445/007 o el 2/2012", agrega el párrafo.

Alfie brindó declaraciones al semanario donde aseguró que él hizo el estudio de normativa general y que fue consultado sobre si aplica o no. "Aplica como cualquiera de un sector no excluido. Luego, hay otras condiciones para efectivizar", señaló Alfie.

Para concluir, sobre el final del informe de Alfie, Búsqueda señala que, en los diferentes apartados, el economista hace referencia al proyecto de la empresa en reiteradas ocasiones, explicando por qué el proyecto entrada dentro de las disposiciones para recibir los beneficios fiscales.

Sobre el final del informe, en sus conclusiones, el economista aseguró que el proyecto de Aratirí calificaba para recibir estos beneficios, más allá de que la "forma y el alance" del régimen de protección de inversiones haya cambiado desde su creación. El hoy director de la OPP reiteró que la negación a Aratirí de dar los beneficios fiscales era "una excepción histórica". "Ciertamente, no conozco otro caso donde se emita una resolución denegatoria como la de Aratirí", indica el comienzo del párrafo 208.

"Como expresé antes, no conocí casos de denegación total de beneficios por Comap, sí de concesión, donde la ejecución del proyecto estaba condicionada al cumplimiento de otros requisitos sin los cuales el mismo no puede llevarse adelante (medioambientales, manejos de suelos, seguridad edilicia, etc.). Particularmente, no conozco ningún proyecto de gran porte (de "especial significación económica") que no hubiera recibido beneficios fiscales", destacan los párrafos 209 y 211 del informe al que accedió Búsqueda.