Informe advierte posibles “tratos crueles, inhumanos o degradantes” en centros de Inisa

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su informe anual correspondiente a 2018 con datos y análisis del monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad en el sistema de responsabilidad penal juvenil, sistema de protección 24 horas de niñas, niños y adolescentes, sistema carcelario y unidades policiales, e instituciones psiquiátricas.

Respecto del capítulo sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), dependiente de la la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), advierte que "las actuales condiciones de privación de libertad de adolescentes propician la emergencia de posibles situaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes".

"En la gran mayoría de los centros de Inisa la privación de libertad sigue siendo violatoria de derechos, especialmente en los establecimientos de máxima seguridad. Ciertamente, continúan predominando prácticas de control, con consecuencias tales como encierro compulsivo, actividades insuficientes y naturalización de la violencia (simbólica y real)", reza el informe.

MNP afirma también que esta impronta "condiciona, cuando no obtura, toda otra posibilidad educativa con esta población".

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es el organismo responsable de ejecutar las medidas socioeducativas y las cautelares dispuestas por la Justicia al amparo del artículo 78 de la ley 17.823, así como de ejecutar las medidas de seguridad dispuestas por la Justicia.

En 2018, Inisa atendió a 1.014 adolescentes y jóvenes, de los cuales el 57,3% (581 casos) cumplían medidas privativas de la libertad. La cantidad de adolescentes atendidos presenta una alta participación de varones, que en 2018 eran el 94,7% del total.

Durante 2018, el MNP realizó 35 visitas, con lo cual alcanzó a cubrir el 100% de los centros de privación de libertad. Hizo hincapié en el monitoreo de aquellos centros con mayor impronta de seguridad (cmd1, cmc, Sarandí, Piedras y ex ciedd), en los cuales se constató mayor vulneración de derechos y por ello fueron visitados dos o más veces en el año.

En lo que refiere a los centros de máxima contención, "la fuerte presencia de rejas, una estructura edilicia que comprime, oscura y escasamente ventilada, el encierro compulsivo y los traslados de internos con esposas -que aún persisten en algunos establecimientos- limitan y condicionan toda otra acción que se quiera realizar, fundamentalmente desde lo educativo", señala el informe.

"La justificación esgrimida suele ser la seguridad para los adolescentes, y con dicho argumento a menudo se reitera la disminución o el cese de actividades educativas, recreativas y sociales", continúa.

Según datos oficiales, durante 2017 se registraron 87 intentos de autoeliminación (IAE) en los centros de privación de libertad y a julio de 2018 ya se habían producido 70 IAE. En total hubo tres suicidios consumados, en enero, julio y diciembre.

De las visitas realizadas por los equipos de monitoreo surge que en los centros con mayor cantidad de horas de encierro, los jóvenes entrevistados refieren necesitar medicación para dormir o estar más tranquilos.

También entre las adolescentes privadas de libertad durante 2018 se advirtió que todas ellas tomaban psicofármacos, los cuales, según sus testimonios, eran suministrados para el tratamiento de la angustia, de los síntomas de la abstinencia de drogas o para lograr conciliar el sueño.

Si bien se reconoció la intervención y el control médico en la prescripción, ninguna de las jóvenes conocía el nombre de los medicamentos indicados, sostiene el documento.

"Se puede confirmar que persisten la disparidad y la inestabilidad en las propuestas institucionales de los centros de privación de libertad. Si bien en centros como Nuevo Rumbo (Minas), Granja, Desafío y ciaf se advierte la continuidad de determinadas prácticas positivas focalizadas en priorizar los aspectos socioeducativos más que el control y la contención, en los centros de máxima seguridad continúa predominando el enfoque custodial", señala el informe.

Asimismo, el MNP insiste en la necesidad de fortalecer la formación y la especialización, tanto de los equipos de dirección como del personal en trato directo con los y las jóvenes. "Si bien se han llevado a cabo algunas actividades de capacitación en el ámbito interno del inisa, persisten debilidades en la formación permanente del personal", afirma.