Informalismo en sector inmobiliario alcanzaría el 60% e impulsan proyecto para combatirlo

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) informó que presentó un proyecto de ley para regular la actividad del sector, con el objetivo de “dar garantías a usuarios” y avanzar en una mayor formalización del sector.

En un comunicado divulgado en las últimas horas, la CIU expresó que el texto de la normativa pretende “profesionalizar el sector y a todos los que trabajan en él, sea de manera formal o informal”.

El proyecto de ley plantea la creación del Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que tiene entre sus objetivos llevar un registro de los operadores habilitados, “generar información real y fidedigna sobre las transacciones que se realizan en el país a través de la creación de un Observatorio del Mercado Inmobiliario y fiscalizar el correcto desempeño de la actividad”.

De acuerdo con datos del Banco de Previsión Social (BPS), el sector inmobiliario emplea aproximadamente 27.400 personas. Sin embargo, estudios realizados por la CIU indican que el informalismo en el sector ronda entre el 50 y 60%, fenómeno que fue acentúa por la pandemia del covid-19.

“Como parte de una vieja problemática de informalismo que afecta al país, existe la percepción de que buena parte de esas actividades vinculadas al sector inmobiliario, particularmente las relacionadas con la intermediación en la negociación respecto de inmuebles, se llevan a cabo de manera no regulada. Ello puede generar evasión tributaria y posibilidades actividades ilegales pasibles de constituir en el delito de lavado de activos, desprotección de los trabajadores formales y afectación del público consumidor. Esta actividad involucra a casi 30.000 personas e incide en el 10% del PBI, lo que pone de relieve su importancia relativa para el funcionamiento de la economía”, señaló la CIU en la exposición de motivos.

El proyecto de ley consta de 13 artículos y establece que “tiene por objeto regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria, desarrollada por los llamados comisionistas, agentes, corredores, brókers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios turísticos en el marco de la defensa de la libre competencia”.

Además de la creación de un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que será administrado por una Comisión honoraria integrada por tres representantes del Poder Ejecutivo, el proyecto agrega requisitos para poder formar parte del registro: haber aprobado los cursos oficiales de Operador Inmobiliario reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), estar registrado ante los organismos fiscales, de previsión social y de control de lavado de activos, entre otros, como no haber sido condenado por delitos contra la propiedad.

Con relación a las sanciones, se establece que quienes infrinjan lo dispuesto por el proyecto de ley que entró esta semana al Parlamento pueden ser suspendidos temporariamente y tener multas de entre 1.000 Unidades Indexadas (UI) y 500.000 UI. Entre $ 5.700 y hasta $ 2.845.000, aproximadamente.

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