Las Cámaras de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) emitieron un comunicado conjunto este lunes en el que cuestionaron “las actuales condiciones normativas”, que hace inviable la actividad pesquera fuera de los meses de zafra (de mayo a agosto).
Según informaron, de los 54 buques que componen la flota industrial, actualmente, solo seis se han hecho a la mar, “sin perspectivas de que los otros 48 zarpen o incluso de que, una vez hayan regresado, los seis barcos operativos vuelvan a zarpar”.
“La paralización de la pesca nacional tiene múltiples efectos, ya que ocupa alrededor de tres mil personas que, lamentablemente, quedan sin trabajo. Los temas que hacen inviable la actividad han sido abordados en reiteradas ocasiones con autoridades y dirigencia sindical, sin que se hayan dado cambios sustanciales”, afirma el documento.
En esta línea, la CIPU y la CAPU afirman se han planteado alternativas a los problemas a resolver a diferentes organismos competentes del Estado (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Prefectura Nacional Naval, Administración Nacional de Puertos [ANP] y Banco de Seguros del Estado), pero sin aún tener una respuesta.
Los gremios empresariales sostienen que los aportes patronales del sector (13%) “han representado sobrepagos superiores a los US$ 40 millones desde 2010”, monto que equivaldría a renovar “más de la mitad de la flota costera”. A su vez, critican las primas que deben abonar al Banco de Seguros del Estado del 11% “para todo el personal, incluso el administrativo”, y que existen “limitaciones normativas para el acceso de personal al sector”.
“En abril de 2024 se planea inaugurar el Puerto Pesquero de Capurro, que demandó de la ANP una inversión de más de US$ 100 millones, mientras que el Ministerio de Defensa ha decidido invertir 82 millones de euros en construir dos buques de patrulla oceánica para, entre otras misiones, proteger nuestros mares de la pesca ilegal. ¿Qué sentido tienen estas inversiones millonarias si la pesca, fuera de los pocos meses de zafra, se torna inviable?”, cuestionan finalmente.
Este lunes, el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchel, dijo en Primera mañana (El Espectador) que el 90% de la flota está parada y más de dos mil personas irán al seguro de paro.
“Si sumamos plantas, barcos y demás hay más de dos mil personas que van a ir al seguro. Esto no es una medida ni de presión ni corporativa. Cada una de las empresas ha decidido no salir a pescar porque pescar fuera de zafra es más costoso que quedarse en el puerto. Todo lo que se invierte para salir a la mar (combustible, comida, hielo, cajas) no se recupera pescando”, denunció el empresario.
Otro punto que cuestionan las empresas es el de la jubilación bonificada para el sector pesquero, “ya que no existen fundamentos jurídicos y técnicos de peso que justifiquen su diferenciación con el régimen de cabotaje, que tributa sobre base ficta y sin bonificaciones especiales”.