El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o de tenencia compartida comenzará a discutirse en el plenario de la Cámara de Diputados el próximo martes 11 de abril, en medio de críticas de instituciones nacionales e internacionales, y tras la aprobación en el Senado.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados el 28 de diciembre de 2022 sin los votos del Frente Amplio. En esa ocasión, los legisladores frenteamplistas manifestaron que ya hay una legislatura vigente para atender esta problemática y que el nuevo proyecto no “vela por el interés superior de los niños”, según sostuvo el coordinador de la bancada opositora, el diputado Mariano Tucci, del Movimiento de Participación Popular (MPP).

En este sentido, a días de comenzar la discusión en el plenario, la primera en realizar críticas a la iniciativa fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). En un comunicado divulgado el viernes, resaltó la necesidad de que los legisladores revean la redacción del artículo 4, que “puede implicar una vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”.

A su vez, planteó “resolver la acuciante falta de recursos que padece la Justicia para atender este tipo de asuntos”, debido a que, sin ellos, “los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos”.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostuvo que el proyecto “mantiene aspectos que son de su preocupación, en la medida que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y recordó su comparecencia en la comisión donde fue aprobado.

“El interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”, reza el comunicado de la agencia de las Naciones Unidas, ya que entiende que eso no sucede en la iniciativa porque “no equipara la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada”.

Unicef, en la misma línea que la Inddhh, también criticó el artículo 4. “Prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño”, explicó en el comunicado firmado por su representante en Uruguay, Francisco Benavídez.

A su vez, la agencia de la ONU afirmó que es “preocupante” que “la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños”, ya que “el encuentro de los niños con las personas que pudieron haberles agredido genera daños psicoemocionales y de salud significativos”.

Goñi tildó de “impertinentes” las críticas al proyecto

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi calificó de “impertinente” los comunicados publicados por la Inddhh y Unicef.

El legislador manifestó su rechazo a ambas posturas y señaló que no comparte “su oportunidad, ni su forma ni su contenido”. “En cuanto a la oportunidad, porque ya la tuvo y en reiteración real en ambas Cámaras. En cuanto a la forma, porque parece excederse de su competencia de asesoramiento y arriesga configurar una intromisión en la etapa de decisión legislativa que corresponde a los representantes de la ciudadanía. Y, finalmente, en cuanto a su contenido, porque el proyecto aprobado en el Senado y en comisión de Diputados en todos los casos prioriza el interés superior del niño y en ningún caso agrava riesgos a los ya existentes”, sostuvo Goñi en un comunicado.

Finalmente, el diputado nacionalista reivindicó la “necesidad” de la aprobación de la iniciativa, “tanto para implementar el principio de corresponsabilidad en la crianza, como para resolver situaciones injustas e injustificadas que se generan al separar a los niños de sus padres sin causa real que lo justifique”.