Inddhh recomienda “no innovar, ni continuar” con licitación pública para proyecto Arazatí

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) recibió una denuncia en mayo de este año, presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, en la que se señalaba que el proyecto Arazatí (también conocido como Neptuno) que lleva adelante el Ministerio de Ambiente (MA) no fue objeto de consideración, sino que "simplemente se informó de su existencia de la misma forma que se informó a través de la prensa”.

Luego de aprobar la admisibilidad de la denuncia, el Consejo Directivo de la institución resolvió recomendar a Presidencia, al MA y a la OSE “no innovar ni continuar adelante respecto al llamado a licitación pública referido a la Iniciativa Privada Proyecto Neptuno hasta tanto se establezca una planificación de los recursos hídricos” basados en estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua.

Asimismo, aconsejó al MA fortalecer “sus efectivas competencias en la política nacional de aguas y en la planificación de la mejora de la cantidad y calidad en la disponibilidad de agua potable”, con acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19.889 (Ley de Urgente Consideración).

En esta línea, la Inddhh recomendó además a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y a la Intendencia de San José fortalecer sus “efectivas competencias en la materia objeto de la presente denuncia”.

Para la institución, el proceso de abastecimiento de agua potable a la población mediante una nueva infraestructura de redes públicas, “no se trata de una mera obra constructiva, sino que implica diferentes acciones de planificación y gestión sobre los recursos hídricos y el territorio, sobre las que tienen competencias concurrentes distintos organismos públicos, por lo tanto, no debe ser objeto de decisión exclusiva por parte de la OSE”.

Por otra parte, resolvió establecer que la planificación de una nueva toma de agua para potabilizar, a partir de la extracción desde el Río de la Plata, constituye en sí misma, o debe ser parte de, una política nacional de aguas y debe basarse en los principios de: ordenamiento del territorio, protección del ambiente, gestión sustentable de los recursos hídricos, establecimiento de usos del agua y el territorio con enfoque de cuenca, y en la participación pública, de acuerdo a lo establecido por el cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua.

Luego de que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, presentara un esquema participativo para el proyecto Arazatí (también conocido como Neptuno), en San José, con el fin de “ampliar” la convocatoria a organizaciones y personas interesadas, la diputada frenteamplista Lilián Galán difundió la referida resolución del 30 de agosto de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La Inddhh expresa que de seguir adelante con el Proyecto Neptuno, a través de un llamado a licitación pública u otro procedimiento competitivo, “se estaría otorgando rectoría a la Ley N° 17.555 por sobre el conjunto del cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua”.

Además, afirma que la iniciativa, tal como está planteada, se trata de “una delegación a entidades privadas (empresas transnacionales) de la capacidad de propuesta sobre la planificación de recursos hídricos, así como de la prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua potable”.

La semana pasada, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, había anunciado que "el proyecto está en marcha" y que estaría "disponible" entre setiembre y octubre.