Inddhh pidió “medidas urgentes” para los reclusos con mayor riesgo sanitario

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) exhortó al Poder Ejecutivo a tomar "medidas urgentes" para las personas privadas de libertad con mayor riesgo sanitario frente al Covid-19: mujeres con niños, embarazadas, personas mayores de 60 años y aquellos que están con prisión preventiva.

Según la declaración de la institución, se trata de un número "significativo e identificable" de personas privadas de libertad. Son varios los factores que repercuten, según la Inddhh, en tener un mayor resigo sanitario: las condiciones de insalubridad y hacinamiento, la convivencia en espacios reducidos y sin ventilación, el deterioro del estado de salud y las desigualdades en la atención sanitaria.

"Las capacidades de los servicios sanitarios en los establecimientos de reclusión y sus policlínicos son escasas, aun en los lugares con capacidad para asistir cuadros clínicas graves. Sumado a ello se han constatado enormes dificultades para realizar traslados a centros sanitarios externos", señala la institución.

La Inddhh señala que se han tomado medidas en el sistema penitenciario, como protocolos de prevención, planes de contingencia, restricciones en el régimen de visitas, pero "aún no se han adoptado medidas específicas dirigidas a la población que representa factores de riesgo".

"La tasa de mortalidad a causa del COVID-19 depende, entre otras cosas, de la edad, el sexo y el estado de salud previo de la persona. La OMS señala que la tasa de mortalidad bruta (correspondiente al número de muertes cuantificadas sobre el número de casos notificados) varía entre el 3% y 4%2 , pero el índice de mortalidad se eleva entre personas mayores de 60 años", replica.

La situación se agrava en las personas con enfermedades anteriores, como las cardiovasculares, la diabetes, EPOC, hipertensión y en los pacientes oncológicos.

En ese sentido, se piden medidas para las mujeres alojadas con niños a su cargo, las mujeres embarazadas, ya que "no se cuenta con evidencia que permita conocer el efecto de la infección COVID-19 sobre el embarazo", las personas mayores de 60 años y/o con otras enfermedades subyacentes y las personas con prisión preventiva.

En ese último aspecto, la institución señala que en esos casos se deberían analizar las situaciones de cada persona privada de libertad, para saber si es posible imponer otro tipo de medida cautelar a "efectos de preservar no solo el derecho a la vida, sino el principio de inocencia que rige en materia penal".