Imputaron por estafa a abogada que admitió ser testaferro del exdiputado Antonio Zoulamián

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, solicitó la formalización de la investigación contra una mujer de iniciales C. M. S. A. por un delito de estafa. “La misma mantenía una relación de amistad con el escribano Antonio Zoulamián Demirdjian, al punto que este le permitió desarrollar su actividad profesional como abogada en el estudio del primero”, desde donde desarrollaron las actividades delictivas, como expresa la solicitud de Fiscalía a la que accedió Montevideo Portal.

El Poder Judicial hizo lugar este jueves a la solicitud de Fiscalía e imputó a la abogada de 50 años como “presunta autora de un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración con un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos”.

El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de 35.° Turno, Matías Porciúncula, dictaminó “la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito del territorio nacional [cierre de fronteras]” y “prohibición de comunicación con las víctimas”, que, según el fallo, son cinco hombres.

Zoulamián, su amigo y socio, fue diputado suplente del Partido Nacional y llegó a ocupar una banca en la Cámara Baja en lugar de su titular, Gustavo Penadés. Era escribano y abogado, fue detenido en el marco de una investigación por presunta estafa y libramiento de cheques sin fondo y procesado con prisión por la Justicia en julio de 2019. Falleció por covid en marzo de 2021.

La indagada admitió ante la Fiscalía que “a consecuencia de la amistad que existía entre ambos […] Zoulamián le pidió” a ella “que figurara como titular y directora de la empresa PYX SA, la que se dedicaba a negocios inmobiliarios y financieros, procediendo a la apertura de una cuenta bancaria en el banco Bandes”.

“Entre los motivos que llevaron a que Zoulamián le solicitara” a la mujer “que se hiciera cargo de la empresa, por lo menos documentalmente, se encuentra el hecho de que Zoulamián (hoy fallecido) se dedicaba a gestionar la obtención de capitales para efectuar préstamos de dinero a otras personas, con el consiguiente interés”, agrega el dictamen de Fiscalía, que plantea que “tal es así, que a varios inversores que entregaron dinero a Zoulamián luego este se los devolvía, agregando los intereses correspondientes, mediante cheques de la empresa PYX SA, los que eran librados por la responsable de la misma, esto es, la indagada”.

Al describir la maniobra delictiva, la fiscal adjunta Adriana Di Giovanni (quien firma la solicitud de formalización) explica que “la imputada entonces, inmersa en esa operativa, libró una gran cantidad de cheques de pago diferido, por importantes montos, contra la cuenta de su empresa PYX SA en el Bandes”. Sin embargo, “los cheques librados [por la abogada] y entregados a los inversores fueron devueltos por falta de fondos al tiempo que estos los presentaron al cobro, viendo así sus créditos incobrables, situación que se vio agravada por la posterior presentación y solicitud de concurso a nivel judicial de la empresa PYX SA”.

Ante la falta de fondos, “los tenedores de los cheques formularon sendas denuncias penales”. En noviembre de 2017 se presentó una de ellas.

Engaño millonario

El dictamen de Fiscalía consigna que quedó acreditado que “mediante engaños y estratagemas engañosas” la abogada indujo “en error a los inversores, haciéndoles creer que la empresa, de la que ella era titular, era solvente y contaba con fondos suficientes para pagar y/o devolver el dinero que habían invertido”.

El engaño involucró el libramiento de 22 cheques de pago diferido, cuya suma total asciende a US$ 2.183.479 y $ 4.129.307.

“La involucrada aceptó voluntariamente figurar como titular de una empresa en la que ella no aportó capital alguno para su constitución, y lo hizo por el solo pedido y la amistad que la unía con Zoulamián”, señala el pedido de formalización.

En esta línea, Fiscalía indica que como titular de la empresa, el banco le proporcionó libretas de cheques, que fueron “el instrumento que en definitiva utilizó para perjudicar a los inversores, en forma continuada, y mediante una única resolución criminal”.

“Deja en claro la magnitud de la maniobra y el dolo requerido para incurrir en el delito de estafa, además del libramiento de cheques sin fondo”, argumentó la fiscal adjunta, que agregó que, en 2017, cuando los cheques estaban próximos a ser exigibles, la imputada compareció ante la Justicia para solicitar el concurso voluntario de acreedores.

“Trató de ampararse y cobijarse bajo un paraguas legal, que indudablemente refuerza su intención de que nunca tuvo voluntad de pagar los instrumentos que libró”, apunta el escrito.