Imputaron al dueño de un hotel tras la muerte de un trabajador que cayó de las alturas

A pedido de la Fiscalía, la jueza María Laura Sunhary formalizó la investigación contra el dueño de un hotel de Montevideo por los delitos de falsificación ideológica y estafa en el marco de las averiguaciones por la muerte de un obrero de la construcción de 62 años que trabajaba sin cobertura en el lugar.

En el dictamen del fiscal al que accedió Montevideo Portal se revela que el imputado tiene 67 años, es argentino y es el propietario de Quijano Aparts & Suites, ubicado en Carlos Quijano y San José (Centro). Si bien no fue formalizado por la responsabilidad en el homicidio, la investigación continúa.

El siniestro investigado ocurrió el 12 de marzo de 2020, próximo a las 16:45. El obrero cayó desde una altura de entre tres y cuatro metros. Debió ser internado en CTI y murió 14 días después. El fallecido trabajaba en la obra desde octubre de 2019.

La investigación fiscal reveló que "la víctima no estaba inscripta" en el Banco de Previsión Social (BPS) "ni contaba, por tanto, con el seguro obligatorio", ya que se encontraba en medio de los trámites jubilatorios. "En el momento del accidente no contaba con casco ni medidas de protección", añadió el fiscal en su solicitud de formalización.

Según la Fiscalía, el accidente no fue denunciado por los empleadores ante la Policía ni ante la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, de la investigación surgió que el día del siniestro, momentos después de la caída, la empresa inscribió al trabajador en el BPS.

En los trámites que se hicieron luego de la caída, el empleador falseó datos. En la investigación se constató que el imputado, cuando denunció lo sucedido ante el Banco de Seguros del Estado (BSE), declaró que el ingreso del obrero a la empresa había sido el 11 de marzo (el día antes), aunque en realidad trabajaba allí desde octubre de 2019. También mintió sobre la altura desde la que cayó el obrero.

En el documento en el que consta el pedido de formalización del fiscal del caso, Diego Pérez, se indica que las mentiras posteriormente fueron admitidas por el imputado ante la Fiscalía.

El hombre tendrá medidas cautelares al menos durante 90 días, mientras continúa la investigación: deberá fijar domicilio, no podrá salir del país y tendrá que presentarse una vez por semana en la seccional policial cercana a su casa.

La investigación del caso surgió a raíz de una denuncia presentada el año pasado por la familia del fallecido, representada por el abogado Oscar López Goldaracena.