Montevideo Portal
Un operativo policial en la zona de Santa Catalina (Montevideo) terminó con ocho personas detenidas debido a la apropiación ilegal de terrenos. Este operativo policial se enmarca en un caso que surgió en enero, cuando cientos de familias ocuparon terrenos privados en la zona para construir viviendas allí.
En el operativo de este jueves se registraron 15 viviendas y se detuvo a ocho propietarios, mientras que las otras siete viviendas se encontraban abandonadas.
De los ocho detenidos siete fueron imputados en la noche de este jueves por el fiscal Diego Pérez.
Diego Pérez dijo a Montevideo Portal que a seis se los formalizó por usurpación de terrenos y robo de energía.
Otra persona fue formalizada por usurpación y otra persona quedó en libertad.
Ninguno tenía antecedentes penales. Además, se les dio 15 días de plazo para abandonar el lugar.
En enero, la Fiscalía imputó a once personas por ocupaciones de terrenos en el barrio Santa Catalina. Desde el principio se presumía que una organización delictiva estaba detrás de las ocupaciones.
Este jueves, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo manifestó en rueda de prensa que mediante un trabajo conjunto la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) llegaron a un acuerdo para dar una solución habitacional a las familias.
"El asentamiento se llama Nuevo Comienzo. Este asentamiento surgió en enero, es un terreno privado y se plantearon los desalojos, pero más allá del tema judicial, lo que trabajamos desde la Comisión de Vivienda e incluso con los vecinos del barrio es una solución alternativa", dijo y explicó que es necesario desalojar el lugar porque allí "los servicios son muy difíciles de llevar y además es un terreno privado" que consta de 13 padrones, lo que "tiene un costo muy importante".
En este sentido, Cairo explicó que el trabajo conjunto consta de una serie de terrenos para realojos que la IM puso a disposición y una canasta de materiales que el MVOT facilitaría para hacer las construcciones.
Cairo manifestó que la intervención policial de este jueves no estaba en los planes, pero la solución habitacional contaba con el acuerdo de la IM y el MVOT. Según dijo, el fiscal Pérez desconocía este acuerdo, por lo que ahora intentarán contactarse con él para narrarle la situación.
Según explicó, un censo reciente de la Universidad de la República (Udelar) indica que serían 200 las familias que actualmente viven en esos terrenos.
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