Imputan a jueza letrada de Rivera por peculado, abuso de funciones y violencia privada

Este viernes se realizó en Rivera la audiencia de formalización de la jueza letrada de Rivera de 6º turno, María Noelia Sánchez, por un delito de peculado, reiterados delitos de abuso de funciones y un delito de violencia privada, todos ellos en régimen de reiteración real.

La fiscal Stella Alciaturi informó en rueda de prensa que recoge el sitio Sentinela 24H, ya que estimó que "existía una posibilidad de entorpecimiento de la investigación", por lo que pidió "algunas de las medidas cautelares que prevé el numeral 1 de la figura 221 del Código del Proceso Penal, esto es fijar domicilio y no variarlo sin conocimiento de la sede; la prohibición de ausentarse del país durante la persecución del trámite; la retención de los documentos de viaje; y la prohibición de comunicarse de cualquier manera con algunas personas relacionadas a este proceso que son víctimas y testigos, por el plazo de 120 días por ahora y sin perjuicio de que se pida una prórroga".

En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que había iniciado un procedimiento disciplinario a Sánchez, con suspensión del ejercicio del cargo y retención de la mitad de su sueldo por seis meses.

Colegio de Abogados de Rivera había denunciado "la suspensión intempestiva de las audiencias, la existencia de atrasos en el despacho y omisiones en el dictado de sentencias".

Además, la División Informática del Poder Judicial informó entonces sobre “diversos equipos informáticos de los juzgados letrado de Rivera que fueron vandalizados, verificándose la falta de memorias y/o discos". "Este hecho pudo vincularse con el resultado de las actuaciones de la Fiscalía Departamental de Rivera a cargo de la Dra. Stella Alciaturi, que solicitó la formalización de un hombre de iniciales H.G.B.A. por contar con imágenes de cámaras del Ministerio del Interior que le muestran ingresando por la puerta principal mediante el uso de llave, en dos oportunidades durante un domingo y en una tercera ocasión durante un lunes, antes de la llegada del personal administrativo", añade el comunicado.

En el allanamiento realizado al domicilio del imputado se incautaron tres placas madre de mini PC y algunos teléfonos celulares, entre los que se hallaba el teléfono personal de la magistrada, quien estaba conviviendo con el imputado según surge de las investigaciones cumplidas.

Con todos estos aspectos a la vista, la SCJ consideró que existen elementos suficientes para afirmar que "la Sra. Magistrada habría incurrido en injustificadas dilaciones u omisiones" y que surgen pruebas que "aparentan ser verosímiles respecto al incumplimiento de parte de la Dra. S. de sus obligaciones como magistrada", en particular "suspensiones excesivas de audiencias y dilaciones indebidas en el dictado de sentencias".

La SCJ fundó su decisión en la verosimilitud de estas "acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas puede resultar perjuicio para el interés público o descrédito en la Administración de Justicia y por asumir conductas irregulares que comprometieran el decoro de su ministerio".

Citan al concubino de la jueza

“El concubino de la imputada sigue en prisión y se va a solicitar una audiencia para ampliar el objeto de la formalización inicial”, informó la fiscal en rueda de prensa, y agregó que “corresponde al menos (tipificarle) un delito más”.

En cuanto a la formalización de la jueza, la fiscal agregó que “lo que adujo la Fiscalía en síntesis es que hubo una intervención que exorbitaba su carácter del familiar del imputado para lograr determinados beneficios o perjuicios para las víctimas, invocando su calidad de magistrada”. Por otra parte, “hubo una cierta amenaza a una de las víctimas que considero que se tipifica como violencia privada, y además desapareció una PC que le fue entregada a la doctora para sus funciones como jueza, por eso (se le imputó) el delito de peculado”.