Imputación a Kreimerman: Ffose dice que Gobierno busca “criminalizar” acciones del gremio

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) se expresó públicamente tras conocerse la decisión de la fiscal Gabriela Fossati de imputar a su presidente, Federico Kreimerman, por un delito de atentado especialmente agravado a raíz del suceso en el que dirigentes del gremio arrojaron bombas de humo en la sede central de la empresa pública.

El gremio manifestó su “más profundo rechazo a la decisión de formalizar al presidente” del sindicato “por lo acontecido durante una manifestación gremial”.

“Esta decisión está enmarcada dentro de la estrategia llevada adelante por el Gobierno y el directorio de OSE de querer criminalizar las acciones de nuestro gremio, que dejaron en evidencia el pésimo negocio para el Estado uruguayo que representa el proyecto Neptuno”, sostiene el sindicato en su comunicado.

“Como prueba contundente de esto último, denunciamos que en el mismo momento que nuestros compañeros comparecían ante la fiscal, el directorio de OSE adjudicaba la licitación por el proyecto Neptuno, que entrega más de 800 millones de dólares a un consorcio privado que desarrollará una obra claramente inconstitucional y perjudicial para la población”, agregan.

Ffose asevera que la formalización resuelta por Fossati “tiene como único argumento que un juez resuelva cuál es el alcance de una movilización gremial”.

“Lo que para nosotros es un claro ataque a las libertades sindicales, ya que nuestras movilizaciones se enmarcan en lo que la Constitución, la leyes nacionales y convenios internacionales de trabajo establecen. Reafirmamos que, muy lejos de amedrentarnos, este tipo de ataques a las libertades sindicales nos fortalecen y nos seguirán encontrando en la defensa de las empresas públicas y a favor de toda la población”, afirma el gremio.

Por otra parte, el Pit-Cnt expresó su “profunda preocupación y rechazo ante la formalización en la Justicia” de Kreimerman, “en ocasión de una protesta contra el directorio de la empresa OSE, que decidió seguir adelante con el proyecto Neptuno, cuyo único fin es privatizar el agua”.

“Creemos que no se puede calificar de ‘atentado’ una acción que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública”, dice la central sindical.

El Pit-Cnt instó a “las autoridades pertinentes a garantizar un proceso legal debidamente justo y transparente, en el cual se tomen en cuenta las circunstancias y el contexto real en el que se realizó la acción, que, de ningún modo, puede ser calificada de tal forma”.

“Abogamos por una solución justa y pacífica de las controversias, considerando muy negativa y peligrosa la judicialización de la protesta social”, apunta la confederación gremial.

Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio, dijo a Montevideo Portal que el episodio de las bombas de humo fue “un error que no debe repetirse”, que “distrajo la atención” en el peor momento de la crisis del agua, pero que el hecho “no tuvo la gravedad” suficiente para ser considerada un delito y radicar una denuncia tal como lo hizo el directorio del ente.