Iglesia Católica y grupo pro eutanasia dieron razones en Diputados sobre proyecto de ley

Este miércoles integrantes de la Iglesia Católica participaron vía zoom de una reunión con la comisión de Salud de la Cámara de Representantes para dar la mirada de la Iglesia al proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio mecánicamente asistido.

La Iglesia se opone "por ser gravemente injustas, a las leyes que pretenden legalizar la eutanasia o aquellas que justifican el suicidio y la ayuda al mismo, por el falso derecho de elegir una muerte definida -inapropiadamente- como ‘digna' solo porque ha sido elegida ‘libremente'".

"Las acciones fácticamente libres pueden ser acordes con la dignidad o contrarias a ella. Solo las primeras, por respetar la dignidad, son ejercicio de un derecho. No hay derecho a actuar libremente contra el derecho. Por eso, estas leyes quebrantan el fundamento del orden jurídico, el derecho a la vida y el ejercicio de la libertad humana", agrega la Iglesia .

La Iglesia sostiene que "la función del Estado es tutelar la igual dignidad y el consiguiente igual derecho a la vida de todo ser humano". "El proyecto presentado pretende modificar la valoración social de este derecho fundamental", señalan en un documento al que accedió Montevideo Portal.

"No busca que el médico que realiza una eutanasia no vaya preso (ello ya está previsto en la causa de impunidad del homicidio piadoso). Quiere que tal acto no sea considerado delito, que no se proteja el bien jurídico vida como derecho indisponible. En resumidas cuentas, pretende asumir la eliminación de un paciente como un servicio de salud", añaden.

Además, sostienen que "la medicina paliativa constituye un instrumento precioso e irrenunciable para acompañar al paciente en las fases más dolorosas, crónicas y terminales de la enfermedad." "Los cuidados paliativos son un derecho de toda persona y al mismo tiempo constituyen la expresión más auténtica de la acción humana y cristiana basada en la ética del cuidado. Estos tienen como objetivo aliviar los sufrimientos en la fase final de la enfermedad y de asegurar al paciente un adecuado acompañamiento mejorándole -en la medida de lo posible- la calidad de vida y el completo bienestar", agrega el texto.

En ese sentido, desde la Iglesia señala que "la medicina paliativa ha brindado al conjunto de la práctica médica la conciencia y el estímulo para recuperar su más ancestral fortaleza: la humanización de la medicina".

"La experiencia de la aplicación de los cuidados paliativos demuestra que las personas que piden anticipar la muerte, lo que en realidad quieren es no vivir así. Cuando se atienden las múltiples causas del sufrimiento, ya no se pide la eutanasia. Es necesario un compromiso decidido para llevar estos cuidados a quienes tengan necesidad, para aplicarlos no solo en las fases terminales de la vida, sino como perspectiva integral de cuidado con relación a cualquier patología crónica y/o degenerativa, que pueda tener un pronóstico complejo, doloroso e infausto para el paciente y para su familia", concluye el documento.

La contraparte

El pasado 5 de mayo, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido en discusión en Diputados, el grupo M.A.D. U (Muerte Asistida Digna en Uruguay), fue recibido por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, para escuchar su visión al respecto.

M.A.D.U. se constituyó hace tres años con el objetivo de explorar la normativa internacional en la materia y los resultados de su aplicación con miras a desarrollar una propuesta aplicable a la realidad nacional.

En esa instancia legislativa M.A.D.U. planteó sus "concordancias y diferencias con el enfoque del proyecto, así como sus propuestas tendientes a redireccionarlo hacia un marco de derechos humanos".

M.A.D.U. considera que "el derecho a ser asistido cuando un padecimiento físico o psíquico, irreversible e irremediable, se torna insoportable para la persona, al punto de considerar que continuar viviendo así no es vida, hay que ponderar el derecho de la persona a tomar sus propias decisiones, con la garantía de que las mismas serán respetadas y acompañadas por la debida intervención profesional, proporcionada por todos los prestadores de salud que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud de manera universal y gratuita".

"La legislación nacional vigente ya contiene avances en la materia. Comenzando por el código penal de 1933 que (avanzado para la época) ya introducía la figura de homicidio piadoso, o la Ley 18.335 de derechos de pacientes y usuarios, que amplía la autonomía individual con la introducción del consentimiento informado obligatorio y reconoce expresamente el derecho a morir con dignidad", agrega la organización.

La organización sostiene que "coherentemente con los principios autonómicos que introduce la ley citada, su homóloga 18.473, de Voluntad anticipada, permite decidir con anticipación el rechazo de técnicas invasivas de reanimación, ejecutable incluso cuando se haya perdido la capacidad plena".

"Una ley de eutanasia y suicidio asistido debe ampliar el alcance de la voluntad anticipada también a los procesos de eutanasia y suicidio asistido, para ser coherente con el resto del marco jurídico, pero no está incluída en la iniciativa actual", explican.

Además, advierten que "tampoco están incluidos los derechos de niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones relativas a su propia salud y bienestar, ejecutables de acuerdo a la autonomía progresiva que les reconoce la legislación nacional tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia como en el Decreto 274/010 que reglamenta la Ley 18.335. Derechos que avalan la Convención de Derechos del Niño y la Convención Interamericana de Derechos de la Juventud, ambas aprobadas por Uruguay".

M.A.D.U planteó que "una nueva ley no debería retroceder respecto de derechos ya consagrados en el país". Durante la presentación también expusieron "sintéticamente experiencias internacionales de países que han avanzado en la materia, sea a través de leyes u otros mecanismos jurídicos". "Estas comprenden tanto a los pioneros Países Bajos, Bélgica, Suiza, 8 estados de Estados Unidos de Norteamérica, como los más recientes como Colombia, Nueva Zelanda, España, Portugal (en proceso) y últimamente Chile, con iniciativa aprobada por su Cámara de Representantes", señalan en un comunicado.

Otro aspecto analizado fue la relación de complementariedad de la eutanasia y el suicidio asistido con los cuidados paliativos, expresamente incluidos entre las prestaciones integrales de salud en el marco normativo del Sistema Nacional Integrado de Salud. En tal sentido, se explicitó que "los procesos no son excluyentes sino opciones que deben estar disponibles para abordar una muerte digna".