La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió una resolución acerca de los operativos policiales realizados en el barrio La Bombonera de Malvín Norte entre los días 11, 12 y 13 de abril, y afirmó que hubo "violación a los derechos humanos" por parte de la Policìa Nacional.
La INDDHH informó que de la investigación llevada a cabo (que duró cuatro meses) "surgen elementos de convicción suficiente que llevan a concluir que en los operativos policiales (...) existió actuación ilegítima del Estado que implicó la violación de los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional".
Tras ello, la INDDHH recomendó a la Policía Nacional iniciar una investigación administrativa "tendiente a determinar las responsabilidades funcionales en las violaciones de derechos humanos generadas en estos procedimientos".
Además, recomendó "la modificación de la práctica administrativa relativa a la solicitud de identificación en forma genérica e indiscriminada" y la implementación de "mecanismos tendientes a asegurar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza en todo momento".
Antes de emitir esta resolución la INDDHH trabajó en el lugar con un equipo técnico para evaluar la situación tras la denuncia que arribó a la oficina. La idea era "cotejar la información aportada por los denunciantes, entrevistar a referentes barriales y vecinos", entre otras acciones, y luego "hacer recomendaciones al Ministerio del Interior".
Entre otros elementos para arribar a esta conclusión, se tomaron en cuenta "relatos de primera mano, videos, fotos e información de prensa". "La INDDHH evaluó la credibilidad y confiabilidad de todas las fuentes y corroboró la información recopilada", apunta el documento emitido. "Son de especial significación videos caseros aportados. En ellos se aprecia el uso de armas de fuego por parte de la policía en forma desmesurada, tanto con escopetas calibre 12 mm como con pistolas automáticas", añade el informe.
Además, la INDDHH apuntó que este caso "se inscribe en un contexto de aumento significativo de denuncias referidas a maltrato y abuso por parte de funcionarios policiales recibidas en la INDDHH a partir de marzo de 2020".
El dictamen indica que "es deber de los funcionarios policiales gestionar de forma pacífica y respetuosa la interacción con los miembros de la comunidad, incluso cuando ese trato no sea recíproco". En este sentido, apunta que "la fuerza no puede usarse para reprimir eventuales insultos". "El hecho de que algunas personas hayan respondido violentamente, arrojando piedras, no habilita a la represión generalizada mediante el disparo de armas sobre una vivienda o los transeúntes. Esa conducta coloca en peligro indiscriminado a todos quienes se encuentran en la vivienda, así como las personas que circulan o eventualmente protestan contra el accionar policial", apunta el dictamen.
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