El Diario Oficial (o Boletín Oficial, en España) suele ser una lectura más bien árida, y no ofrece demasiado espacio a la sorpresa o la diversión.
Pese a ello, el Boletín Oficial emitido el pasado mes por el gobierno del País Vasco presentó una excepción a esa norma, algo que hizo que en los últimos días se transformara en un éxito viral en la península ibérica.
Un anuncio publicado el pasado 29 de agosto incluía, casi al final, un anuncio oficial que podría tener algo de breve cuento literario, si no fuese porque está ligado a la dramática realidad de una amputación realizada en el Hospital del Bidasoa, en la localidad guipuzcoana de Hondarribia.
En buen criollo, y prescindiendo del vocabulario oficial, el mensaje expresa el pedido del hospital de Osakidetza al “dueño” de una pierna de que se la lleve de una vez.
La directora médica de la Organización Sanitaria Integrada a la que pertenece el centro, María Eugenia Alkiza, firmó el 21 de julio la notificación publicada un mes más tarde. En ella requiere al paciente para que proceda “a la retirada y gestión adecuada, a través de una empresa funeraria autorizada, de los restos humanos que se encuentran depositados en el Hospital del Bidasoa”, según cita el periódico local El Correo.
Antes de llegar a tal extremo, el sanatorio intentó comunicarse de manera directa con el amputado, sin conseguirlo.
Tras la publicación oficial, el “interesado” dispone de diez días hábiles para “proceder a la retirada y hacer gestión adecuada” de los restos depositados en el hospital. En caso de que el paciente o su familia no se presenten para tal fin, se abre un expediente sancionador y se emprende la “ejecución forzosa y a su costa” del tratamiento de los restos.
La divulgación del aviso y su posterior viralización generaron sorpresa, incluso entre personas familiarizadas con tales asuntos. “Amputaciones se realizan constantemente y, por supuesto, los miembros hay que incinerarlos o inhumarlos, pero esta manera de proceder no la habíamos escuchado nunca”, admite la empleada de una funeraria en declaraciones recogidas por el citado medio.
Desde el Departamento de Sanidad local se justifican asegurando que se atiene al protocolo: “Es un proceso regulado y lo ocurrido no suele ser habitual”, explican.
“La normativa actual, tanto la estatal como la de Euskadi [nombre del País Vasco en idioma vascuence], determina que, cuando a una persona le amputan un miembro grande, como un brazo o una pierna, la familia es la responsable de su retirada a través de una funeraria. En este caso, hay una familia en esa circunstancia y se ha negado a hacerlo”, detallan las autoridades.
Según detallara una portavoz del Departamento de Salud del Gobierno vasco, una vez llegados a esta situación tan poco común, el siguiente paso era publicar el correspondiente requerimiento: “Es necesario para exigirle su retirada. En caso de que no lo haga, se le impondrá una multa. No suele ser algo habitual, pero, cuando se da esta circunstancia, se debe actuar. En este caso, se está actuando según la norma”.
La multa en cuestión podría alcanzar un máximo de 500 euros, monto que quizá no baste para convencer al dueño de la pierna: tramitar la inhumación o cremación del miembro por una empresa fúnebre costaría aproximadamente 1500.