En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones en lo civil de 6º turno condenó al Ministerio del Interior a indemnizar a la exesposa de un hombre que se ausentó del país en el año 2016.
Según informara FM Gente, la mujer había demandado al individuo por el incumplimiento de la cuota alimentaria, razón por la que la Justicia había dispuesto el cierre de fronteras. Sin embargo, y a pesar de tal medida, el 29 de noviembre de ese año el demandado embarcó en un vuelo en el aeropuerto de Carrasco y se fue del país.
Guillermo Ahlers, abogado de la demandante, dijo al periodista Marcelo Gallardo de FM Gente que en un primer momento la Justicia condenó al Ministerio del Interior al pago de 60.000 euros. Luego, en segunda instancia, la suma se redujo a 25.740 euros, más los intereses devengados desde la fecha de la sentencia hasta que se efectuara el pago, fallo que quedó ahora ratificado. Será la Suprema Corte la que ratifique el pago, algo que podría tardar hasta un año más.
De acuerdo con el informe, durante la investigación se indagó a la funcionaria de Migraciones que había habilitado la salida del demandado. Esta dijo que en el sistema informático no le aparecía la restricción para el pasajero, pero las pesquisas establecieron que la información estaba correctamente cargada.
El abogado contó que, increíblemente, la misma situación y con la misma persona ya se había producido en el año 2010.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Migración, “faltó en forma culposa y no cumplió con dos órdenes judiciales de dos jueces de familia; es un hecho muy grave”, dijo el representante.
Ahles explicó que el hombre vive en el extranjero y que, al ingresar a Uruguay, se daba “la única chance que se tenía, que era cerrar las fronteras del país como lo establece la ley” al menos hasta que el individuo ofreciera “una garantía sustituta” que asegurara el pago al que estaba obligado.
“Eso fue lo que se frustró por el Ministerio del Interior, y luego la posibilidad de cobro”, añadió.
El abogado dijo que durante la dilatada causa judicial la mujer y su hijo “pasaron por situaciones de verdadera necesidad”, lo que acabó por forzar a ambos a regresar a Francia, su país de origen. Ahler añadió que el menor se crio en Uruguay “desde muy chico”, se siente uruguayo y quiere regresar en el futuro a este país.
Asimismo, explicó que de la causa derivó una demanda penal
contra la funcionaria omisa. Sin embargo, en medio del proceso se produjo la transición
al nuevo Código de Proceso Penal, instancia en la que Fiscalía hizo “una preselección
de casos que estaban en presumario” y decidió cuáles proseguían y cuáles se
archivaban. El de la funcionaria quedó entre estos últimos.
Finalmente, el abogado agregó que los recursos presentados por el Ministerio del Interior y que dilataron la causa no harán más que —intereses mediante— aumentar un costo que se pagará con dinero de todos los uruguayos.
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