En la previa de que el Ministerio del Interior divulgue las cifras de delitos del primer semestre, el ministro Luis Alberto Heber aseguró este lunes en conferencia de prensa “que la tendencia ahora sin pandemia de los primeros seis meses de 2022 comparados con los de 2019 permitirán juzgar si las políticas de seguridad son buenas y eficaces, o no”.
En relación al ataque informático que sufrió al Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) en diciembre de 2020, Heber dijo que desde que ocurrió la falla se llamó a licitación para que haya “todo un equipamiento nuevo de última generación” en esa institución.
Agregó que la adjudicación se realizará en los próximos días.
“Teníamos computadoras viejísimas, lamentablemente. Muy vulnerables. Eso es lo que heredamos. Hicimos la compra de un software que realmente nos de la seguridad de que no se nos pueda hackear fácilmente”, apuntó el ministro, aunque recordó que los hackers en el mundo han violado también equipos de última generación y que “permanentemente hay que hacer inversiones para proteger la información”.
Informó que en la licitación que está en curso está “prevista la adecuación permanente”, de “modo de poder estar con las últimas novedades que puede ser utiliza contra la delincuencia cibernética”.
“No tenemos datos de que se nos haya extraído información para otros fines. Recibimos un informe de Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) y no se puede asegurar ni una cosa ni la otra. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna consecuencia de una información reservada, que es la que tiene identificación civil. Lo que tenemos que hacer es proteger esa información y eso no se había previsto porque las máquinas que teníamos eran totalmente prehistóricas”, afirmó Heber.
En esta línea, Heber agregó que ya hay trabajando una nueva empresa y que se puede “asegurar a la población que un hecho similar “no va a volver a suceder con la facilidad que se hizo en diciembre de 2020”.
El Ministerio del Interior reconoció que sufrió un ataque informático el 8 de marzo de 2020 que resultó en la sustracción de información confidencial de 84.000 pasaportes uruguayos, que la cartera calificó como una “intrusión” bajo la etiqueta de “severidad alta”.