Habló relator de ONU que hizo informe por crisis del agua y generó respuesta del Gobierno

El relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, habló este miércoles con Azul FM, tras la polémica generada por su informe sobre la crisis del agua en Uruguay que provocó una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En diálogo con el programa 12 PM, Arrojo dijo que el reporte que elaboró se basó en “denuncias y quejas” que le fueron llegando por parte de sindicatos, organizaciones profesionales y vecinales.

“A partir de eso, solicito información complementaria y, en esos procesos, siempre se incluyen a las fuentes oficiales. He tenido contacto en particular con el sindicato de OSE, que es la gente que está trabajando a pie de obra. Con la gente que en su momento fueron los promotores de ese hecho histórico, que ubica a Uruguay como una referencia mundial, cuando fue el primer país en incluir el derecho humano al agua potable en la Constitución”, dijo el español.

Sobre la reacción del Gobierno tras el comunicado de prensa, Arrojo dijo que “suele producirse un disgusto” después de que cualquier relator “debate o es crítico” con una situación en particular de un país.

“No significa la crítica específica contra un Gobierno, sino contra una situación que pone en riesgo, como mínimo en este caso, los derechos humanos vinculados al acceso al agua potable. Es una evidencia y está siendo reflejado en la prensa, no es algo que me he inventado. Está sumamente documentado”, defendió Arrojo-Angulo, que además reivindicó su independencia como relator honorario “experto e independiente”.

“Las advertencias que lanzamos a los Gobiernos son de exclusiva responsabilidad del relator. Tan independiente que ni siquiera se paga un sueldo. El documento, repito, es expresión de realidades clamorosas que están en la prensa y en la queja ciudadana. Me llegaron alertas incluso de instituciones médicas, de asociaciones de pediatras. Por la salinidad del agua, se aconsejó públicamente no consumir esas aguas. Solo eso quiebra el principio de derechos humanos. El agua que tiene que haber en la red tiene que ser para todo el mundo, accesible y barata”, justificó.

El relator destacó las medidas “en situación de emergencia” tomadas por el Gobierno para atender a los más vulnerables, pero cuestionó “la falta de prevención para tener falta de fuentes de agua potable en la red urbana que den garantía de calidad”.

El pasado jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en respuesta al comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sostenía que la “continua disminución de la calidad del agua” en Uruguay había generado una situación “alarmante”.

“El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido, llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados. Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber”, apuntaba el informe, titulado “Uruguay: El agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales”.

En respuesta, Cancillería señaló que, “ante las inexactitudes” del comunicado, el Gobierno de Uruguay reitera: “Hasta la fecha, los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma”.