Gustavo Salle, abogado que fuera candidato a la Presidencia por el Partido Verde Animalista en las elecciones pasadas, presentó una denuncia penal en una sede judicial para que la Fiscalía investigue el audio viral en el que se registra una llamada entre la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, y el empresario y relacionista público Fernando Cristino.
Salle leyó en un video que grabó frente a la sede judicial el escrito que presentó para que se estudie el caso y explicó uno por uno los presuntos delitos que podrían haberse cometido y que entiende que deben ser investigados.
"Según emerge del archivo de audio, entre el señor Fernando Cristino y la señora vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, se verificó una conversación telefónica filtrada a la opinión pública cuya autenticidad ha sido periodísticamente admitida por la involucrada y hasta por el propio señor presidente de la república (Luis Lacalle Pou), lo cual permite considerar genuino y auténtico el audio. En el intercambio se aluden varias conductas que son relevantes penalmente y ameritan su correspondiente investigación", señaló Salle.
El denunciante dijo que en una parte del audio Argimón "refiere a que Presidencia recibe extorsiones todos los días". "El delito de extorsión es perseguible de oficio, y obliga al funcionario público que tome conocimiento de una conducta delictiva en razón de su cargo y de su función a denunciarlo. No es una potestad discrecional del funcionario realizar o no la denuncia, sino que es un imperativo legal que debe cumplir el funcionario. Su omisión es penalmente trascendente", aseguró.
Salle dijo que "luego se habla del dealer de Luis, que en el contexto de la conversación emerge que se refiere al presidente de la república". Según Salle, "se hace referencia a un sujeto que suministra droga al presidente".
"Si bien el consumo no es penalmente relevante, sí es relevante conocer a distribuidores y no efectuar la correspondiente denuncia penal", afirmó.
Salle también hizo referencia a otro posible delito sustraído de la conversación, que es la presunta admisión por parte de Argimón de que las llamadas son escuchadas por terceros.
Salle aseguró que la "interceptación ilegal de las comunicaciones" es un "delito previsto en el Código Penal", por lo que, de ser cierto, "debe investigarse quiénes son los que han interceptado los teléfonos".
El abogado señaló que ya hay una denuncia en curso por la que Cristino fue citado a declarar en Fiscalía, por lo que supone que su escrito podría ser derivado a la misma fiscal que ya trabaja en el caso.